El Concello de Pontevedra percibe avances significativos en la resolución de los históricos problemas de inundaciones en la zona de O Santo, en Os Praceres, tras la reunión celebrada este martes en la Subdelegación del Gobierno. Al encuentro asistieron representantes municipales, técnicos, responsables de Adif y organismos autonómicos como Augas de Galicia y la Axencia Galega de Infraestruturas.
El concejal de Infraestructuras, César Mosquera, destacó al final del encuentro la "boa disposición" de las distintas administraciones para encontrar una salida a un conflicto que se arrastra desde hace años y que calificó de especialmente complejo por su origen y evolución.
Según explicó el edil, la situación actual tiene su origen en las actuaciones realizadas en la plaza de Os Praceres para eliminar el paso a nivel ferroviario, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de 2007. Este fallo obligaba a suprimir estas intersecciones, consideradas ilegales, y desencadenó una serie de actuaciones que, con el paso del tiempo, derivaron en el bloqueo de la zona.
La ejecución de esta sentencia provocó un efecto dominó entre administraciones. La Xunta de Galicia mantiene paralizadas las obras en la antigua carretera de Marín a la espera de una solución técnica definitiva por parte de Adif, que adjudicó en 2023 los trabajos para los pasos soterrados. No obstante, el proyecto debe ser modificado por requerimientos de Augas de Galicia, lo que retrasó su ejecución.
Mosquera se mostró crítico con la propuesta actual de Adif, advirtiendo de que no cuenta con el apoyo municipal ni vecinal al considerar que podría empeorar notablemente la situación del entorno.
Este escenario también impidió hasta el momento que el Concello pueda ejecutar sus propias actuaciones para mejorar el drenaje y evitar inundaciones, al no contar con la autorización necesaria de Adif para intervenir en terrenos bajo su competencia.
Sin embargo, tras la reunión, las administraciones implicadas mostraron una mayor voluntad de coordinación.
La estrategia municipal pasa ahora por conseguir un permiso provisional que permita acometer de manera inmediata obras de drenaje, mientras no se resuelve la solución definitiva vinculada a la infraestructura ferroviaria.
Desde el gobierno local señalan que tanto Augas de Galicia como la Axencia Galega de Infraestruturas valoran positivamente la propuesta municipal, al considerar que supone una mejora sustancial de la situación actual y permitiría reducir los problemas de inundaciones ya de cara al próximo invierno.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, subrayó la necesidad de coordinación entre todas las partes implicadas en una intervención que calificó de "compleja" por la concurrencia de distintas competencias.
Losada recordó que Adif confirmó la obligatoriedad de ejecutar el proyecto de eliminación del paso a nivel, con una inversión prevista de 9,2 millones de euros, en cumplimiento de la sentencia judicial. Aunque reconoció que la solución técnica no resulta satisfactoria para ninguna de las partes, incidió en que no existe margen legal para evitar su ejecución.
En relación con el problema de las aguas pluviales y la canalización del riachuelo procedente de Lourizán, señaló que existen discrepancias técnicas entre el proyecto de Adif y la propuesta municipal. Mientras el ente ferroviario prevé una infraestructura de mayores dimensiones (un cajón de 4 por 1 metros), el Concello propone una conducción de menor diámetro.
Tras el encuentro, se acordó que los equipos técnicos de Adif, Concello y Xunta trabajen de forma conjunta para definir la mejor solución. Entre las alternativas expuestas figuran, por una parte, que Adif ejecute la infraestructura principal hasta la carretera PO-546 y el Ayuntamiento complete la intervención en su área de competencia; y, por otra, la posibilidad de autorizar provisionalmente al Concello una obra de emergencia en todo el trazado, que sería sustituida posteriormente por la solución definitiva.
Adif prevé iniciar las obras de soterramiento una vez aprobado el proyecto modificado, un trámite administrativo que podría prolongarse alrededor de diez meses al superar el 20 % del presupuesto inicial.
Finalmente, la Subdelegación del Gobierno anunció la promoción de un encuentro entre responsables de Adif y la asociación vecinal de la zona, con el objetivo de informar directamente a la ciudadanía sobre las obligaciones legales y los pasos previstos para resolver definitivamente el conflicto en el paso a nivel de Os Praceres.
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