El Concello de Pontevedra inicia la batalla legal contra la prórroga concedida por el Gobierno en funciones a Ence. Una Xunta de Goberno extraordinaria, convocada este martes, ha resuelto remitir al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente un requerimiento previo en el que el gobierno municipal insta a la anulación de dicha prórroga, que autoriza a la empresa pastera a continuar con su actividad en Lourizán hasta 2073.
Se trata en todo caso, según explicó el edil Luis Bará, de un trámite previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la resolución firmada por Medio Ambiente el pasado 20 de enero, mediante la que se permite a Ence seguir ocupando 373.524 metros cuadrados en las marismas de Lourizán, en plena ría de Pontevedra.
En un amplio informe de más de treinta páginas y que alega catorce argumentos legales, el Concello de Pontevedra asegura que se han cometido "defectos" en el procedimiento administrativo, más allá de la caducidad de la concesión dictaminada por el Tribunal Supremo y reconocida parcialmente por Costas en una orden ministerial, algo que "impediría ya de por sí" que se otorgue la prórroga a Ence.
Entre otras cuestiones, denuncian no haber podido acceder a la copia del expediente, que Medio Ambiente no solicitó en su día el preceptivo informe municipal, que este trámite no ha sido sometido a exposición pública ni ha sido publicado en los diarios oficiales "a pesar de afectar a una pluralidad indeterminada de posibles interesados" o que el Gobierno no ha respondido en tiempo y forma a las alegaciones presentadas.
El Concello recuerda también que la prórroga fue aprobada por un Gobierno en funciones "extralimitándose" en sus competencias, limitadas por ley a despachar asuntos ordinarios, absteniéndose de adoptar medidas de mayor calado salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general que, según el gobierno municipal, no es el caso de Ence, ya que su actual permiso todavía caducaba en 2018.
Esta prórroga, según el concello pontevedrés, incumple también el artículo 32 de la ley de Costas, que recoge que únicamente se podrá permitir la ocupación de terrenos marítimo-terrestres a actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. Este aspecto, señaló Bará en nombre del gobierno municipal, tampoco se cumple porque la empresa "pódese trasladar" y desempeñar su actividad en otro lugar.
En este requerimiento previo se señala, por otra parte, que esta prórroga iría en contra de las directivas europeas de libre competencia, al recordar que los dueños de Ence pagaron por la empresa al Estado un precio inferior al establecido al tener que abandonar Lourizán en 2018, por lo que esta ampliación provocaría un "enriquecimiento desproporcionado" a la empresa y la "consiguiente" reducción de ingresos a la Hacienda pública.
Además, se señala que esta concesión para un complejo fabril "nocivo y contaminante" resulta "lesiva" para la conservación de la Ría de Pontevedra y "obstaculiza" el uso público del mar y de su ribera "dificultando" la regeneración y reposición de los terrenos a su estado natural, "agravando el atentado paisajístico y medio ambiental" que supone el complejo industrial, porque, destacan, "el complejo es trasladable, lo que no podemos trasladar es la ría".
Medio Ambiente tendrá ahora un plazo de un mes para responder a este requerimiento. En caso de contestar negativamente o no hacerlo por silencio administrativo, el Concello tendrá dos meses para presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.