Después de haber alcanzado un acuerdo con la Consellería de Política Social para que sean los técnicos de la Deputación los que decidan qué menores pueden acceder a la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, la institución provincial trabaja en la elaboración de un nuevo Plan de Autoprotección para este espacio con el objetivo de prevenir y controlar los riesgos sobre los trabajadores, alumnos y los bienes del centro en caso de emergencia.
La diputada responsable del centro, Eva Vilaverde, aseguraba que este documento es obligatorio para cualquier inmueble de uso residencial público, sin embargo con los anteriores gobiernos provinciales nunca se había llegado a aplicar.
La dirección del Príncipe Felipe señala que este plan afectará a unas 1.340 personas que pertenecen a los centros de acogimiento, a la escuela infantil, al CEIP, al Carlos Oroza, al instituto Montecelo y al centro de Educación Especial.
Los técnicos han propuesto una suplementación de 33.000 euros en el presupuesto de este año para acometer este plan y ya ha obtenido el visto bueno por parte de los responsables políticos con el objetivo de aumentar la seguridad.
El plan será redactado por una asistencia técnica y se encuentra ya en fase de contratación. A la licitación se han presentado nueve empresas. La previsión es que en otoño se encuentre adjudicada, con la intención de que en cuatro meses se elabore el plan y tras presentarse en la Xunta pueda estar operativo a principios de 2018.
Según la diputada, la intención es que sea un documento práctico y sujeto a revisión debido a que los usuarios del centro constituyen un factor variable en el tiempo.