Con los votos a favor del grupo de gobierno, formado por el PSOE y el BNG, y la abstención de Coalición Son se aprobaba este viernes el presupuesto de la Deputación provincial para 2018. El Partido Popular votó en contra de este presupuesto que asciende a 157 millones de euros y que alcanza los 160 millones incluyendo la Escuela Universitaria de Enfermería y el Consorcio Provincial de Bomberos. Se incrementa en un 3% el de 2017 y Carlos López Font, diputado portavoz socialista, calificaba en el pleno al presupuesto como el mejor de la historia de la Deputación Provincial.
Uno de los aspectos más destacados será el de destinar más recursos al área de cooperación con los concellos con el objetivo de que se garanticen los servicios fundamentales para los municipios con criterios de equidad.
En este sentido, la diputada popular Elena Muñoz criticaba este presupuesto al entender que había sido elaborado de espaldas a la provincia y a los trabajadores, citando en concreto a los de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe y a los Bomberos. Y lamentaba que las partidas que se habían aumentado se destinaban a gastos corrientes y personal criticando que este presupuesto es "para mayor gloria del gobierno y no para los vecinos". Muñoz acusó a la presidenta de la Deputación, Carmela Silva, de visitar únicamente aquellos Concellos gobernados por el PSOE y por el BNG. Además mostró su discrepancia porque no se habían tenido en cuenta las propuestas del Partido Popular para la elaboración del documento.
López Font contestó que el gobierno de la Deputación ha visitado todos los Concellos y aclaró que las relaciones con los alcaldes del PP cuando no están los diputados provinciales es buena. El vicepresidente César Mosquera, portavoz del BNG, señalaba que los populares habían hecho un "ridículo espantoso" al presentar las enmiendas fuera de plazo.
El presupuesto, según el gobierno bipartito, no contempla una partida de libre disposición para la presidenta y se centra en la igualdad. Precisamente en este pleno se aprobaba por unanimidad el Plan de Igualdade de la Deputación con el objetivo de evitar la discriminación de las mujeres y establecer medidas de protección ante el acoso sexual y frente a cualquier indicio de desigualdad por razón de sexo. También se aprobaba con los votos del grupo de gobierno, la abstención del grupo mixo y los votos en contra del PP el Plan Concellos para obras y servicios durante los años 2018 y 2019.
También se aprobaba, con las abstenciones del PP y de Coalición Son, el proyecto del nuevo vial de acceso a Monte Porreiro, que se acometerá entre la Deputación Provincial y el Concello de Pontevedra,
UPA DEL PRÍNCIPE FELIPE
El debate del pleno también se centró en un enfentamiento entre el PP y el BNG en relación con la supresión de la Unidad de Primera Acogida (UPA) de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe. Un grupo de trabajadores de este servicio seguían también la presentación de la moción por parte del portavoz del PP, Ángel Moldes, que reclamaba que se mantenga una negociación con la Xunta de Galicia para evitar el cierre de este departamento que atiende a menores que presentan unas características conflictivas y alegó que el equipo de gobierno había mentido cuando decía que los trabajadores estaban de acuerdo con esa medida de cerrar este servicio para menores. Xosé Lois Jácome también daba lectura al escrito de los trabajadores de la UPA.
La diputada responsable del centro, Eva Vilaverde, señalaba que el Consello de la Xunta había aprobado este jueves la decisión de establecer un nuevo convenio para el Príncipe Felipe en el que fueran los propios técnicos provinciales quienes decidieran la entrada en el centro de los menores. Vilaverde indicó que hay dos líneas rojas que no permitirán que se traspasen: la violencia en las instalaciones y la profesionalidad de los técnicos de la Deputación, que hasta ahora tenían que someterse a los criterios de los técnicos de la Xunta de Galicia.
Moldes insistió en preguntar si se iba a cerrar el centro, al igual que Jácome lamentó que los trabajadores del Príncipe Felipe se enterasen por la prensa de la supresión del servicio.
Finalmente, la presidenta Carmela Silva indicó que la responsabilidad "exclusivísima" sobre la atención de los menores corresponde al gobierno de la Comunidad Autónoma y no a la Deputación. Por este motivo señaló que la Xunta de Galicia es la culpable de que de las 17 comunidades autónomas, Galicia sea la única en la que no exista una UPA, salvo la del Príncipe Felipe, que depende de la Deputación Provincial.
El pleno finalizó con el deseo de un feliz año y con saludos entre los diputados de los distintos grupos. La sesión estuvo marcada por las protestas de los bomberos del Consorcio Provincial.