El Partido Popular presentó alegaciones al Reglamento de Teletrabajo de la Deputación de Pontevedra para convertirlo en un documento "más pegado a la realidad y a las necesidades de los trabajadores".
Reclama que entre los criterios prioritarios para autorizar el teletrabajo se incluyan a las personas con discapacidad, a las trabajadoras embarazadas, víctimas de violencia machista, mayores de 60 años, personas que necesiten conciliar la vida familiar y laboral, y a los trabajadores que no tengan autorizada compatibilidad para lo desempeño de uno segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público. Además, piden que no se excluya a los trabajadores que tengan reconocida la compatibilidad con otra actividad para solicitar el teletrabajo, y se sustituya por dar preferencia a los que no la tengan.
La portavoz del grupo, Pepa Pardo, anunció este lunes que llevará al próximo pleno de la Deputación, previsto para este viernes 29 de octubre, las alegaciones presentadas y recuerda que ya en enero de 2020, dos meses antes del inicio de la pandemia, su partido defendió en el pleno una moción para solicitar su implantación, propuesta que fue rechazada por PSOE y BNG. Poco después, en marzo, "se demostró la importancia de contar con este reglamento".
El grupo provincial del PP valora "positivamente" el cambio de criterio de la Deputación en este campo, pero entiende que hay varios aspectos que no se incluyen y son precisos para adecuarlo y hacerlo más efectivo".
Así, defiende que el teletrabajo "bien regulado y con unos procesos buenos, favorece la conciliación, pero también ahorra cuestes a la empresa y a los trabajadores, evita desplazamientos y favorece la diversidad".
Recuerda que tanto el Real Decreto Ley del año 2020 como la Ley de 2021 de trabajo a distancia, contemplan el teletrabajo como una mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar, y por eso critica que el reglamento propuesto por el Gobierno provincial diga justo el contrario y hable de una "concepción errónea".
El PP propone también que el protocolo incluya establecer un plazo razonable para que el trabajador a distancia se incorpore a su puesto, y sustituir la incorporación inmediata, "porque en determinadas ocasiones va a ser imposible", polvo un "plazo más razonable" de tres días. En relación a la extinción solicitan que se suprima la causa de no realizar el teletrabajo desde lo domicilio declarado en la solicitud.
Entre los alegaciones de los populares se incluyen darle mayor importancia al plan individual del teletrabajo, ya que es el instrumento de seguimiento y evaluación durante las jornadas laborales desarrolladas bajo este régimen. Y también añadir la relación de los recursos que la Deputación pone la disposición de los teletrabajadores, como por ejemplo ordenador, herramientas ofimáticas, de trabajo remoto o colaborativo, ciberseguridade, bases de datos, sistema de firma electrónica... Y evitar las duplicidades de equipos haciendo referencia a que los dispositivos que se entreguen para el teletrabajo deben ser los mismos que se empleen en la modalidad de trabajo presencial.