El grupo municipal del PSOE en el Concello de Pontevedra llevará a Pleno una moción en la que se insta al gobierno local a iniciar los trámites para que la ciudad sea declarada zona de mercado residencial tensionado, abriendo la puerta a que el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), pueda topar a los precios del alquiler.
Este jueves en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Iván Puentes, ha señalado que espera contar con el apoyo unánime de toda la Corporación en esta propuesta y contribuir así a atajar "o grave problema de acceso á vivenda que padece a nosa cidade, cun descontrolando incremento dos custes de compra e alugueiro".
El PSOE pide a la Concejalía de Urbanismo que ponga en marcha los trabajos y estudios necesarios.
Según los datos facilitados por el PSOE en la rueda de prensa, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que Pontevedra es la urbe gallega con menos oferta de vivienda en alquiler y la tercera con los alquileres más caros de Galicia, con un precio medio que se sitúa en los 852 euros mensuales.
Además los socialistas han indicado que Pontevedra también es la capital gallega en la que más subió la vivienda usada en 2023, un problema al que tampoco escapa la vivienda nueva, que subió en la Boa Vila hasta cuatro veces más que la media gallega en el pasado año.
Iván Puentes considera que esta realidad, combinada con un salario medio de los pontevedreses de unos 1.300 euros netos al mes (según el IGE), una renta media por hogar y año de 28.682 euros y un precio medio de la vivienda de 160.656 euros, "implica un esforzo desorbitado e mesmo, ás veces, unha imposibilidade manifesta para que moitas persoas accedan a unha vivenda no noso concello".
Así, según ha apuntado Puentes, los pontevedreses tienen que destinar de promedio 5,6 años de su salario neto íntegro para poder adquirir una vivienda en la ciudad.
La declaración de zona de mercado residencial tensionada exigirá que, con carácter previo a la presentación de la correspondiente solicitud ante el IGVS, el Concello de Pontevedra constituya una mesa sectorial en la que se analizará la propuesta municipal de declaración, así como el proyecto de plan específico que incluya las medidas correctoras y el calendario de desarrollo de las mismas.