Los sistemas informáticos han vuelto a dar problemas a la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra. Tras los problemas técnicos detectados el pasado mes de febrero en el sistema de grabación de la sala de vistas, que afectaron a tres juicios que no quedaron grabados, este martes volvieron a detectarse fallos que obligaron a trasladar un juicio a otra localización.
Para este martes había señalados dos juicios en la Sección Segunda, un por un delito contra los derechos de los trabajadores cometido presuntamente en un club de alterne de Vilaboa y otro por un delito contra la salud pública. El primero se aplazó finalmente por la falta de varios testigos, pero el tribunal llegó a constituirse y, una vez dentro de la sala, se detectaron fallos informáticos. En el segundo ya ni siquiera se intentó, pues ya se habían detectado los problemas y la Sección Segunda decidió que no se podía celebrar.
El sistema de grabación no recogía audio ni vídeo, de modo que, de haberse celebrado, no habría quedado guarda el acta de la sesión y, como ocurrió ya con tres juicios de enero y febrero, se habría ocasionado un riesgo de tener que repetir el juicio entero. Ante tal situación, se cambió de sala y la vista pasó a celebrase en la planta baja de la Audiencia Provincial.
El magistrado presidente de la Sección Segunda, Xosé Xoán Barreiro Prado, alertó de los problemas al inicio de ese juicio por tráfico de drogas al indicar que los sistemas informáticos "para variar, volveron fallar" y también manifestó su confianza en que "o sistema de gravación funcione e non pase como en outras ocasións".
En las salas de vistas de la Audiencia Provincial funciona desde hace dos años el sistema de grabación 'e-Fidelius', que está llamado a sacar de las salas a los secretarios judiciales, que hasta ahora se encargaban de realizar el acta de lo que pasaba en el juicio. Dado que con ese nuevo sistema ya no tienen que levantar acta exhaustiva, tan sólo registran un esquema breve de lo que ocurre, pero no tan meticuloso como antes de este nuevo sistema.
La Sección Segunda todavía está pendiente de saber si uno de los juicios en los que hubo problemas el pasado mes de enero tiene que repetirse. Se trata de un caso de estafa continuada en la instalación de casas prefabricadas de madera contra J.M.M.R., gerente de la mercantil de Viascón (Cotobade) RFO S.L., que se enfrenta a una pena de siete años de prisión y una multa de 372.240 euros.