Los problemas técnicos en el aparato de grabación de vistas de una de las salas de la Audiencia Provincial de Pontevedra han tenido finalmente la peor de las consecuencias posibles para dos familias de la parroquia pontevedresa de Tomeza y de Campo Lameiro. Son las víctimas de un juicio por estafa que tendrá que repetirse al no quedar grabada la sesión celebrada el pasado 17 dde enero. Finalmente, la nueva vista está prevista para el 13 de julio.
Las incidencias técnicas afectaron entre enero y febrero a tres juicios y, una vez que la incidencia quedó solucionada, se confirmó que los otros dos procedimientos seguirían adelante y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial podrá dictar sentencia sin necesidad de repetir la vista oral.
Tras varios meses de trámites y consultas, en el caso de ese juicio por estafa no se llegó a acuerdo entre las partes para aceptar como suficientes las notas tomadas durante el juicio por el secretario judicial de la Sección Segunda de la Audiencia. El sistema no recogió nada de la sesión.
Al respecto, cabe reseñar que el sistema de grabación de las salas de vistas operativo en la Audiencia desde 2015 está llamado a sacar de las salas a los secretarios judiciales, que hasta ahora se encargaban de realizar el acta de lo que pasaba en el juicio. Dado que con ese nuevo sistema ya no tienen que levantar acta exhaustiva, tan sólo registran un esquema breve de lo que ocurre, pero no tan meticuloso como antes de este nuevo sistema.
El próximo 13 de julio volverá a sentarse en el banquillo de los acusados José Manuel Moure Rey, gerente de la mercantil de Viascón (Cotobade) RFO S.L., que se enfrenta a una pena de ocho años de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros (24 meses a 10 meses de diarios) por estafa continuada en la instalación de casas prefabricadas de madera. En ese juicio ya hubo dos aplazamientos previos, el primero en junio de 2016, de modo que el caso llegará a juicio un año después del primer intento.
En el juicio de enero, el acusado defendió su inocencia, pero poco sirvieron sus argumentos al fiscal del caso, que aplicó la agravante de reincidencia al término de la vista oral -pasó de pedir siete años a ocho de prisión-y sacó a colación los antecedentes del procesado, que incluyen condenas por estafa por un total de cinco años y nueve meses en Santiago de Compostela.
Las abogadas de la acusación particular que defienden los intereses de las dos familias afectadas también tienen en cuenta esas condenas y piden nueve años de prisión y una multa de 22.500 euros (30 meses a 25 euros diarios) una y diez años de prisión y multa de 18.000 euros (30 meses a 20 euros diarios) la otra.