Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula la paga de productividad que recibieron los trabajadores del Concello de Pontevedra en noviembre de 2012. En consecuencia, obliga a 307 de los funcionarios y personal laboral que vieron compensada la retirada de la paga extra de Navidad, ordenada por el Gobierno, con la realización de horas extra, a reintegrar a las arcas municipales los 400.000 euros cobrados en total.
Así lo ha reconocido el gobierno municipal, a través del concejal César Mosquera, que afirmó que el Concello acatará la sentencia, aunque avisa que "non é de fácil aplicación". Y es que el fallo judicial, en principio, obliga a estos trabajadores a devolver ese dinero, pero la plantilla tiene derecho a cobrar las 16 horas extra que realizó cada uno de ellos y que fueron certificadas por los servicios municipales.
En concreto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG entiende que con ese abono se produjo una "desviación de poder" al utilizar el complemento de productividad para compensar parcialmente la pérdida de la paga extra, una medida que califica de "artificiosa y sospechosa" y que "conculca el principio de igualdad de los ciudadano", en este caso de los funcionarios, ante la ley.
El magistrado basa sus conclusiones, entre otras cosas, en el "desproporcionado" aumento de trabajadores que recibieron dicho complemento (441 en 2012 frente a los 15 de 2011), una circunstancia por la que, asegura, el Concello de Pontevedra no aportó una "explicación razonable". Además, asegura que es "sorprendente" que todos ellos cobrasen cantidades similares, independientemente de sus funciones o categorías; y cita las declaraciones públicas del alcalde en las que reconocía la intención última de esta medida.
Mosquera afirmó que esta sentencia está en la línea de "usar o aparato represivo do Estado contra todo o que discrepe ou se mova fronte as medidas de recortes que se están adoptando". En este sentido, recordó que el Estado solo llevó a Pontevedra ante los tribunales "cando houbo bastantes máis concellos" que aprobaron soluciones similares para compensar la pérdida de esta paga extra por parte de los funcionarios municipales.
Esta sentencia es firme, pero los servicios jurídicos municipales analizarán si existe posibilidad alguna de presentar un recurso de casación ante el Supremo u otro tipo de procedimientos similares. "Buscarase a maneira de recurrila", afirmó Mosquera, porque insistió en que "non había razón xurídica" para cambiar la sentencia de primera instancia, aunque reconoció que "estábamos seguros de que ía ser así".
Juárez asegura que "lamentamos profundamente" que los funcionarios se vean perjudicados por culpa de la "irresponsabilidade" del gobierno municipal
Los afectados serían, explicó Mosquera, todos los trabajadores de la plantilla municipal, a excepción de Policía Local, Bomberos y los organismos autónomos, ya que recordó, en su día, "Jacobo Moreira só levou á Subdelegación unha parte do expediente", que fue el que se recurrió por parte de la Abogacía del Estado.
Precisamente para analizar las consecuencias prácticas de esta sentencia, el concejal de Personal, Vicente García Legísima, ha convocado a los sindicatos de la Junta de Personal a una reunión extraordinaria que se celebrará el próximo lunes.
EL GOBIERNO CULPA A LA "IRRESPONSABILIDADE" DEL CONCELLO
Por parte del Estado, el primero en valorar esta sentencia fue el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez. Aseguró que "lamentamos profundamente" que los funcionarios del Concello de Pontevedra se vean perjudicados por culpa de la "irresponsabilidade" del gobierno municipal al no cumplir una normativa básica "e abonar ilegalmente unha paga para conseguir un rédito político diante dos funcionarios e da cidadanía".
Preguntado por los periodistas en un acto en Santiago de Compostela, Juárez afirmó que la sentencia era "previsible" y entiende que genera unas "consecuencias negativas" para los trabajadores municipales "que se van a ver obrigados devolver esas cantidades". El delegado del Gobierno reconoció que "obviamente" cabe recurso de casación ante el Supremo, pero advirtió que la sentencia "ten que ser executada de forma inmediata".