El grupo municipal del PSOE, a través del concejal de Deportes y Educación, Agustín Fernández, criticó la "doble moral" empleada por parte del Partido Popular en relación con el caso del plus de productividad que tendrán que devolver más de 300 trabajadores del Concello de Pontevedra. Fernández hizo un llamamiento al partido de la oposición para que "non enrede e nos deixe avanzar para tentar conseguir que esta situación complicada resulte beneficiosa para os traballadores do Concello".
Agustín Fernández también arremetió contra el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, por las declaraciones realizadas en su día en relación con la insumisión que ejercía el gobierno local a través de esta retribución. Para el concejal socialista "sería mellor se o alcalde estivese calado porque as súas declaracións públicas ao final confórmanse como un elemento clave para a estimación do recurso da Subdelegación" y añadió que el alcalde "estivo especialmente desafortunado co agravante de que esta incontinencia verbal afecta e supón un prexuízo para terceiros como son os funcionarios públicos do Concello". Apuntó que, en cambio, desde el grupo socialista no se habían realizado declaraciones durante ese proceso.
Fernández indicó que ahora las soluciones no parecen fáciles y entiende que la posición más lógica es presentar un recurso de casación.
GARCÍA LEGÍSIMA: "ISO ÿ DESCOÿECER O FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS"
El concejal responsable de Relaciones Laborales en el Concello de Pontevedra, Vicente García Legísima, argumentó ante las declaraciones realizadas desde el PSOE sobre el alcalde que "iso é aventurar e descoñecer o funcionamento dos tribunais" y añadió "se se di que unha sentenza se dita polas declaracións temos un pobre concepto dos tribunais deste país. Crer que ditan sentenzas pola prensa, mal asunto".
García Legísima indicó que el origen de esta sentencia se encuentra en la actuación de Jacobo Moreira y que hay resoluciones de otros ayuntamientos de Galicia y del resto del Estado que no fueron recurridas. "ÿ a única resolución que se recurreu en toda España", destacó el concejal.
El edil mantuvo una reunión con los representantes sindicales para transmitirles el apoyo por parte del gobierno local ante la sentencia y afirmó que la asesoría jurídica aún no ha elaborado un informe sobre las decisiones que se van a adoptar en relación con este caso. García Legísima considera que el cumplimiento de la sentencia es complejo y afectaría a la Agencia Tributaria que tendría que devolver las aportaciones de la renta del ejercicio de 2012 y también lo aportado a la Tesorería de la Seguridad Social. La cifra podría situarse alrededor de 100.000 euros, según la estimación del concejal.
El Concello de Pontevedra cuenta con 60 días para la ejecución de la sentencia.