Ence acusa a los colectivos Salvemos Pontevedra y Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de "faltar a la verdad" y "manipular" a la hora de valorar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la caducidad de la concesión de la factoría en la Ría de Pontevedra y de denunciar supuestas obras ilegales en las instalaciones de Lourizán.
Salvemos Pontevedra sostiene que el Supremo condena al Estado a incoar el expediente de caducidad de la concesión de los terrenos que ocupa la empresa. Sin embargo, Ence hace una interpretación diferente de la sentencia y concluye que el fallo del Alto Tribunal "únicamente" condena a la Administración a iniciar un expediente de declaración de la caducidad de la concesión, pero "en ningún caso se prejuzga el resultado final del mismo". El permiso para permanecer en Lourizán "sigue plenamente vigente".
En concreto, según la interpretación de Ence, sólo se ordena tramitar un procedimiento, pero en ningún momento se pronuncia sobre si existe o no causa de caducidad de la concesión.
Ence mantiene que para ejecutar la sentencia del Supremo el Estado deberá abrir un expediente administrativo, pero confía en un resultado favorable del mismo, pues "no existen motivos para declarar la caducidad de la concesión". Además, asegura que tras el fallo del Supremo "mantiene su legítimo derecho" a obtener una prórroga de su concesión al amparo de la Ley de Costas, pues el fallo judicial "ni se pronuncia ni prejuzga en modo alguno dicho derecho".
Mientras se resuelve ese expediente todas las instalaciones amparadas por la concesión podrán seguir en uso, de modo que la actividad de la factoría no se verá afectada. Al respecto, la compañía replica a Salvemos Pontevedra "la fábrica puede seguir, y seguirá, realizando sus actividades, generando empleo y riqueza y contribuyendo al desarrollo sostenible de la economía local y regional".
La compañía también desmintió este martes la acusación de la APDR sobre las supuestas obras ilegales realizadas en el complejo industrial de Lourizán. La pastera asegura que es "radicalmente falso" que haya realizado tales obras y repite contra este colectivo ecologista la misma acusación de "manipulación" y "engaño" a los ciudadanos de Pontevedra" que atribuye a Salvemos Pontevedra.
Las supuestas obras ilegales a las que se refiere la APDR son, según Ence, labores de mantenimiento y reparaciones internas que no precisan permiso municipal y que forman parte de la actividad normal de la pastera para "asegurar el correcto funcionamiento de sus instalaciones". Niega, además, que provocasen vertidos.