Representantes del sindicato CIG realizan desde primeras horas de la mañana de este lunes 15 de junio un encierro en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Campolongo.
La movilización, que se localiza concretamente en las dependencias de Inspección Médica, forma parte de una acción coordinada en las siete principales ciudades gallegas para manifestar el rechazo de la central nacionalista a la modificación por parte del gobierno de Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia del Plan de mellora e control da incapacidade temporal.
La protesta surge a raíz de los cambios normativos publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado 27 de mayo, que reforman el protocolo de gestión de las bajas vigente desde 2019.
Según explicaba Diana Rodríguez, secretaria comarcal de la CIG en Pontevedra, a PontevedraViva esta nueva instrucción otorga un peso mayor a las mutuas de accidentes de trabajo.
Con la nueva regulación, estas entidades privadas disponen de mecanismos para agilizar sus propuestas de alta médica ante la Administración autonómica.
“Esta é unha medida que só busca criminalizar ás persoas que están en situación de baixa médica, que non soluciona o problema que temos de desmantelamento da sanidade pública e que ao final o que vén a dar é máis poder á mutua”, señala Diana Rodríguez.
La portavoz sindical advierte de que la Xunta justifica la medida basándose implícitamente en las listas de espera y en la falta de profesionales del sistema público.
La secretaria comarcal incide en que los trabajadores no tienen la obligación legal de firmar estos documentos de consentimiento y denuncia que el nuevo marco normativo facilita que la falta de respuesta o la no comparecencia ante una citación pueda derivar en un alta médica automática.
“Se ti firmas ese consentimento informado, a mutua pode facerse cargo da xestión e do control da túa baixa por enfermidade común; xa non estás no teu médico de cabeceira, xa non é o Sergas, vai ser a mutua”, detalla Rodríguez.
Desde la central alertan de que el control por parte de las mutuas puede derivar en la transferencia de fondos públicos hacia pruebas y tratamientos en la sanidad privada.
En la delegación de Campolongo se encuentran alrededor de cincuenta delegados sindicales. La entrada al edificio se desarrolló sin incidencias, más allá de la identificación ante el personal de seguridad, y sin interrumpir la actividad de los empleados públicos ni de los usuarios que acuden a las oficinas de Inspección Médica.
Los manifestantes tienen previsto mantener su permanencia en el interior de las instalaciones durante toda la jornada y anuncian que mantendrán esta campaña para sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de la decisión por parte de la Xunta de Galicia.