El Concello de Pontevedra deberá hacer frente al pago de alrededor de 1,5 millones de euros a los propietarios de una parcela de 741 metros cuadrados situada entre la avenida de Vigo y la calle María Victoria Moreno como consecuencia de una expropiación por ministerio de la ley.
Este procedimiento, también conocido como expropiación rogada, permite a los propietarios exigir que la administración adquiera y pague unos terrenos cuando estos han quedado destinados por el planeamiento urbanístico a usos públicos (como zonas verdes, viales o equipamientos) y el Ayuntamiento no ejecuta la expropiación dentro de los plazos previstos por la legislación urbanística.
La normativa establece que, una vez transcurridos varios años desde la aprobación del planeamiento sin que la administración haya adquirido esos terrenos, los propietarios pueden iniciar este procedimiento para reclamar su expropiación y el correspondiente justiprecio.
Se trata de un mecanismo concebido para evitar que el suelo permanezca indefinidamente bloqueado sin posibilidad de desarrollo ni de aprovechamiento por parte de sus titulares.
En este caso, la resolución obliga al Concello a asumir el coste de la expropiación de la parcela, una cuantía que deberá incorporarse a las cuentas municipales y que se suma a otros pagos derivados en los últimos años de procedimientos similares relacionados con terrenos afectados por el planeamiento urbanístico.
Tras conocerse esta resolución, la concejala del Partido Popular Pepa Pardo criticó la situación y atribuyó el nuevo desembolso a la falta de un planeamiento urbanístico actualizado.
Sostiene el PP que las expropiaciones por ministerio de la ley se han convertido en una de las principales consecuencias económicas de la prolongada vigencia del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) de 1989, ya que numerosos suelos reservados para dotaciones públicas permanecieron durante décadas sin desarrollarse ni ser adquiridos por la administración local.
La edil aseguró que la continuidad del PXOM de 1989 está provocando importantes costes para las arcas municipales y reclamó al gobierno local la aprobación de un nuevo Plan General que permita planificar el desarrollo urbanístico de la ciudad y evitar nuevos procedimientos de este tipo.
Los populares sostienen que esta resolución se suma a otras indemnizaciones derivadas de expropiaciones por ministerio de la ley registradas en los últimos años y consideran necesario acelerar la elaboración del nuevo planeamiento urbanístico para reducir el impacto económico que estos procedimientos tienen sobre el presupuesto municipal.