La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido archivar la denuncia interpuesta por el sindicato CIG pidiendo que se investigase una posible falsedad documental en la firmas policiales de multas contra sindicalistas. La resolución ha generado malestar en la central sindical, que anuncia que su asesoría jurídica está estudiando ya los nuevos pasos a dar y no descarta presentar denuncias por prevaricación contra los responsables de haberse impuesto las polémicas multas.
Los hechos que llevaron a la CIG a acudir a la Fiscalía se remontan a una protesta contra el rescate de la banca en marzo de 2012 en la que diversos sindicalistas entraron en sucursales bancarias y Xabier Aboi fue denunciado por su actuación. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra reclamó la intervención de un perito del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) que atestiguó que las firmas policiales de la documentación no coincidían y, por ese motivo, se anuló la sanción de 1.200 euros al representante sindical. Tras eso, acudieron a la Fiscalía.
La denuncia se presentó ante el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, el 18 de junio. El secretario comarcal de CIG, Marcos Conde, y Xabier Aboi fueron citados un mes después, el 14 de julio, para refrendar la denuncia. Y tres días después, el 17 de julio, el fiscal firmó el documento por el que se archiva. Este breve espacio de tiempo entre la declaración de los sindicalistas y el archivo lleva a Marcos Conde a señalar que "está claro que non foi nin investigado".
Marcos Conde: "Cando o fiscal decide non investigar quen é, eu podo supoñer que é o instructor e o instructor aí está prevaricando"
"ÿ triste dicilo, pero por desgraza presumíamos que ía ser iso", reconoce Conde, pues su sindicato ya contaba con la posibilidad de que la denuncia no siguiese adelante en tanto que suponía investigar una actuación administrativa y policial y la Fiscalía está siguiendo una política de "persecución e acoso de todos os que protestan". Interpreta esta situación como una "ratificación na certeza que temos de que hai organismos que están a ordes e seguimento do que lles ordenan".
Tras haberles sido notificado el archivo de la denuncia, los responsables de CIG han concluido que el hecho de que el fiscal no investigue les hace "poñer en dúbida a todos os que participaron nas denuncias" interpuestas hasta ahora contra este sindicato. Tal situación conllevaría un delito de prevarición: "cando o fiscal decide non investigar quen é, eu podo supoñer que é o instructor e o instructor aí está prevaricando".
Estas sospechas las extrapolan a los 30 procedimientos administrativos iniciados desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra contra integrantes de CIG en la comarca desde el año 2009 y hablan de una "orde política de persecución da actividade sindical". Al respecto, Xabier Aboi interpreta la situación como una demostración de que "aquí non se pode tocar os militares, a Xustiza, a Policía e a Igrexa".
Además, Aboi ataca al fiscal jefe de Pontevedra de forma directa y asegura que "é un señor que non merece o posto no que está porque non é leal". Le traslada que "se quere perseguir, que persiga, pero que persiga aos delincuentes" y no a los representantes de los trabajadores.