La Fiscalía de Pontevedra no renuncia a pedir la condena de José Ramón Barral Martínez, popularmente conocido como Nené Barral, por la causa que hay pendiente contra él, en la que está acusado como el líder de una organización criminal dedicada al tabaco de contrabando.
En las últimas semanas, los intereses de la Fiscalía recibieron un revés con la decisión de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra de anular todas las escuchas telefónicas que fundamentaban la acusación contra el ex alcalde de Ribadumia.
La anulación de estas grabaciones, solicitada por la abogada del ex alcalde, Carmen Ventoso, al entender que eran ilegales, supone también que se deben desestimar todos los hallazgos y pruebas que se hayan obtenido contra los acusados a raíz de esas escuchas.
El tribunal anula todas las escuchas que se realizaron desde el 11 de febrero de 1999, dejando sin contenido la acusación, pero el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, no desiste de su acusación y, tal y como aseguró este martes, tiene intención de solicitar que esa anulación no sea completa, pues considera que se están anulando también escuchas realizadas en una comunicación abierta que no se rige por las mismas restricciones de autorizaciones judiciales de las conversaciones privadas.
Esas conversaciones fueron interceptadas por los investigadores de forma fortuita por un canal abierto de comunicación entre marineros, de modo que desde la Fiscalía pontevedresa se entiende que eran conversaciones abiertas que, igual que escucharon los investigadores, podría haber captado también cualquier persona anónima sin relación con el ámbito policial o delincuencial.
Tras captar estas comunicaciones, se pidió al juez instructor, entonces José Antonio Vázquez Taín en un juzgado de Vilagarcía, y se autorizó una escucha que abarcó ya comunicaciones cerradas en lugares como el despacho de la Alcaldía de Ribadumia, entre otros. El fiscal entiende que anular las primeras no tiene sentido.
La Audiencia de Pontevedra deberá fijar ahora la fecha para retomar el juicio contra 'Nené' Barral y otras ocho personas, suspendido a la espera de resolver cuestiones previas. Cuando se retome el juicio, previsiblemente en mayo, Aladro insistirá en que sí se tengan en cuenta esas conversaciones anuladas.
El auto del tribunal también estima que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al incluir en los escritos de acusación unos hechos referidos al buque Castle Town III que, sin embargo, no aparecían en el auto de transformación en procedimiento abreviado de este expediente.
En la causa, la pendiente de juicio más antigua de España, están acusadas doce personas, si bien tres ya hayan fallecido antes de llegar a juicio. Se trata de A.F.P.M, J.A.F y A.N.S.
Los hechos que llegarán a juicio motivaron el 14 de mayo de 2001 la dimisión de Nené Barral como alcalde de Ribadumia. Ahora, se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel y el pago de 15 millones de euros de multa.