Los funcionarios de la administración de Justicia consideran un éxito la jornada de huelga convocada durante este jueves 25 en toda Galicia con el objetivo de reivindicar la igualdad de salarios con otros trabajadores en otras comunidades autónomas.
Los sindicatos convocantes sitúan el seguimiento en Pontevedra en un 95%. En la Audiencia Provincial se suspendía el juicio en el que se sientan en el banquillo dos agentes de la Guardia Civil porque faltaba personal para poner en marcha un dispositivo. Sin embargo, sí se mantuvo el juicio por un caso de abusos sobre una menor, una vista oral que se celebra a puerta cerrada.
En el edificio de A Parda, los funcionarios sitúan el seguimiento en alrededor del 99%. Tan solo se mantenían los servicios mínimos. El juzgado de guardia atendía declaraciones y tramitaciones de urgencia.
Las fuerzas sindicales SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO participaban durante el mediodía de este jueves en una manifestación en Santiago de Compostela. Responsabilizan al vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, de llevar a la justicia gallega a una situación de "extrema gravedad" y anuncian que, si no se resuelve esta situación, iniciarán una huelga indefinida a finales del mes de febrero.
LA XUNTA SITÚA EN UN 50% EL APOYO A LA HUELGA
Desde la administración autonómica se afirma que el seguimiento de la huelga en la provincia de Pontevedra es de un 50% y el cumplimiento de los servicios mínimos decretados es de un 100%. La Xunta rebaja la cifra en toda Galicia a un seguimiento del 42,11%.
Desde la consellería de Xustiza afirma que la Xunta mantiene su voluntad de diálogo con el objetivo de llegar cuanto antes a un acuerdo. Afirman que ya se han logrado amplios consensos en tres de los cinco asuntos que se encontraban sobre la mesa en la negociación y reconocen que las diferencias se encuentran en la pretensión por parte de los sindicatos de obtener una subida salarial muy superior a la ofrecida por la administración autonómica.
Los representantes de los trabajadores piden un incremento salarial de 270 euros al mes mientras que la Xunta considera inasumible esa subida. Xustiza afirma que se ha hecho una oferta económica igual al promedio de los restantes territorios, y que la mejora de las condiciones salariales de trabajadores de Cataluña, Aragón, Extremadura, Baleares o Murcia.
Desde el gobierno de Núñez Feijóo aseguran que este colectivo de funcionarios cuentan con mejores condiciones salariales que sus compañeros de las comunidades autonómas que dependen del Ministerio de Justicia y que los trabajadores de la Xunta de Galicia.