El Juzgado del Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra da la razón al Concello de Vilagarcía y avala la retirada del monumento falangista adherido a la fachada de la iglesia parroquial de Santa Baia que la Fundación Española de Abogados Cristianos intentó paralizar.
La asociación católica presentó una demanda pidiendo paralizar el proceso, pero la jueza decidió desestimarla argumentado, entre otras razones, que esta fundación no está legitimada para "interesar nada en relación a las decisiones que afectan al patrimonio de la Iglesia".
La jueza también impone a la asociación el pago de las costas, que serán Hasta un máximo de 200 euros más IVA.
El gobierno local de Vilagarcía celebra el fallo, que le da la razón en sus funcionamientos. La administración local se opuso a la demanda basándose, fundamentalmente, en la falta de legitimación activa de Abogados Cristianos para presentar denuncias de este estilo, como ya han fallado diversos Tribunales Superiores de Justicia de distintos puntos de España en relación con recursos similares, al entender que se trata de una actuación en una propiedad privada (la de la Iglesia), que expresamente autorizó la retirada de la cruz.
El juzgado pontevedrés concluye, en esta línea, que la fundación "ni es titular del derecho a la libertad religiosa, ni invoca o acredita un derecho de acción pública urbanística para poder interesar nada en relación a las decisiones que afectan al patrimonio de la Iglesia, por lo que carece de legitimación activa".
Además, la jueza considera que la fundación hace referencia a "daños irreparables", pero no los acredita y recuerda que la cruz está en la fachada de la igresia de Santa Baia, que pertenece al patrimonio eclesiástico, y en el expediente del Concello consta un acuerdo del Arzobispado de Santiago de Compostela, que considera pertinente la retirada de laudas y de la citada cruz.
La Comisión Diocesana de Arte Sagrado del Arzobispado de Santiago estimó "pertinente" retirar las laudas y la cruz, dejando la cara de la pared como estaba antes de la colocación diera monumento conmemorativo.
El auto también recuerda que el expediente administrativo también incluye una autorización de la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galicia de 17 de junio de 2004 que nunca se impugnó.
La dirección xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, que tiene un convenio de colaboración con la Iglesia para la conservación y fomento del patrimonio artístico y documental de la iglesia católica en Galicia, también está de acuerdo con la retirada de las laudas y la cruz, "devolviendo a su estado original a fachada de la iglesia".
Abogados Cristianos centró su denuncia en que la retirada del monumento falangista de 1939 atacaba a la Constitución, a la Ley de Libertad Religiosa e incluso a la de Memoria Histórica y hasta la Convención Europea de Derechos Humanos.