El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pontevedra ha dado la razón a la Deputación frente a la demanda interpuesta por el Concello de Sanxenxo ante la negativa de una subvención en una convocatoria provincial para las obras del centro sociocultural de Vilalonga.
Como ya sucedió con el Concello de Vilanova de Arousa, también gobernado por el Partido Popular, el ejecutivo sanxenxino solicitaba al juez la anulación de esta decisión y la revisión de la solicitud de ayuda pero, de nuevo, el juzgado rechaza esta petición y da la razón al gobierno presidido por Carmela Silva.
Frente a lo argumentado por el Concello de Sanxenxo, el juez entiende que las bases de la convocatoria no son contrarias a derecho.
En la sentencia se recoge que las bases establecían que no podían concurrir a estas ayudas ayuntamientos que ya tuvieran en marcha o ejecutadas actuaciones por encima de 600.000 euros, y en el caso de Sanxenxo ya se había ejecutado el convenio para reforma la calle Luis Rocafort.
El Concello entendía que esta cantidad se refería solo a la aportación municipal, que era inferior, pero el juzgado confirma que se refería al conjunto de la obra. La interpretación de las bases, hecha por la administración provincial, es "más lógica" que la del Concello, concluye la sentencia.