El extinto Centro de Información a la Mujer (CIM) de Ponte Caldelas pasará a ser un servicio municipal de atención jurídica y psicológica a la mujer y a todos los vecinos del municipio. Así lo desveló este lunes el gobierno local.
La decisión se adoptó, señalan desde el Concello, después de valorar la última sentencia laboral, a raíz de la denuncia presentada por las trabajadoras "sobre la cadena de irregularidades cometidas por el anterior gobierno municipal a lo largo de casi diez años". Además, se tuvieron "muy en cuenta" los informes de los técnicos municipales y los datos estadísticos de actividad.
Este servicio será "de calidad" y estará "perfectamente adaptado" a las necesidades de la sociedad de Ponte Caldelas y a una política de personal racional. El Concello tendrá "pleno control" para su organización y gestión.
La sentencia del Juzgado del Social número 4 de Pontevedra considera probado que la abogada y la psicóloga del CIM, como trabajadoras autónomas, fueron adjudicatarias de un contrato de servicios de manera repetido a lo largo de los 11 años de existencia del servicio. Todo ello sin respetar los mínimos requisitos legales de concurrencia, publicidad y transparencia, "en una auténtica ficción de contratación", aseguran desde el Concello.
Basándose en estos antecedentes, la jueza condena al Concello a incluir a la abogada y a la psicóloga en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como personal laboral fijo con la categoría equivalente al grupo A1 y con antigüedad desde 2006. Además, el Concello tendrá que pagarles los retrasos derivados de esta categoría desde la entrada en vigor del convenio colectivo, en marzo de 2015.
El actual gobierno local ya inició los trámites para modificar la RPT e incluir a las trabajadoras autónomas en su plantilla, no sin antes lamentar que la puerta de entrada a la administración "no sea la misma para todo el mundo" y que el actual equipo municipal se vea obligado a "asumir las consecuencias judiciales de las chapuzas del anterior".
Las dos trabajadoras estarán adscritas a este servicio que, según los datos recogidos en el informe de los técnicos municipales, además de la asistencia a las víctimas de violencia de género, que seguirá siendo prioritaria, contará con medios y recursos para atender también otro tipo de ámbitos que la sociedad demanda.
El equipo de gobierno opta así, por tanto, por poner en marcha un servicio municipal pionero en Galicia e integrado en su estructura administrativa, "que nace con vocación de sostenibilidad y continuidad al no ser dependiente de subvenciones volátiles de otras administraciones".
Será, añaden, un servicio municipal de atención jurídica y psicológica que dará prioridad "total y absoluta" al apoyo y acompañamiento a las víctimas de la violencia de género y a la promoción y defensa de la igualdad, "en el marco de un compromiso firme con los valores de una sociedad moderna y avanzada".