El Concello de Pontevedra ha decidido dar un paso más en su oposición al parque eólico Serra da Fracha y presentará un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección Xeral de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia que autoriza tanto la construcción como la puesta en marcha del proyecto.
La iniciativa eólica, promovida en los municipios de Pontevedra y Ponte Caldelas, cuenta con el visto bueno autonómico desde el pasado 25 de noviembre de 2025. Sin embargo, el gobierno local pontevedrés sostiene que el procedimiento administrativo presenta importantes deficiencias, especialmente en lo relativo a la consideración de las alegaciones formuladas por el propio Concello.
Ya en enero, el ejecutivo municipal había presentado un requerimiento previo ante la Xunta de Galicia solicitando la anulación de dicha resolución.
Este trámite, obligatorio antes de acudir a la vía judicial, se fundamentaba en la convicción de que las objeciones planteadas no fueron debidamente atendidas.
Según explicó el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, la falta de respuesta implica que dichas alegaciones deben entenderse como rechazadas, lo que habilita al Concello para interponer recurso.
Ante la ausencia de una contestación favorable por parte de la administración autonómica, el Concello opta ahora por trasladar el conflicto a los tribunales.
"Temos todo o dereito do mundo de alegar as cuestións pertinentes", defendió el regidor.
El principal foco de preocupación municipal radica en el impacto del parque eólico sobre terrenos de titularidad local.
Aunque los aerogeneradores no se ubican directamente dentro del término municipal de Pontevedra, el proyecto afecta a áreas de protección vinculadas al parque forestal de A Fracha, un espacio en el que el Concello ha realizado inversiones significativas en los últimos años.
Además, el gobierno local advierte de la inquietud existente entre las comunidades de montes colindantes, que alertan sobre posibles efectos negativos en el paisaje, así como por la proximidad de las instalaciones a viviendas y terrenos comunales.
Otro de los argumentos esgrimidos por el alcalde apunta a una posible falta de transparencia en la tramitación.
Fernández Lores asegura que pudo haber modificaciones en el proyecto o en los procedimientos administrativos de las que el Concello no fue informado, al no recibir notificación ni documentación actualizada.
Esta situación genera una sensación de indefensión en la administración local.