Los propietarios de un edificio derribado en 2020 deben pagar al Concello de Sanxenxo lo que le costó tirarlo

Sanxenxo
13 de junio 2022

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra obliga a los propietarios a pagar 50.309 euros. El edificio fue declarado en estado de ruina en 2018 y se concedió un plazo de 3 meses a los propietarios para la demolición. Ante la falta de cumplimiento, el Concello decidió acudir a la ejecución subsidiaria

Antiguo edificio de Muebles Alonso, en la rúa Progreso Concello de Sanxenxo

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra acaba de dictar una resolución por la que cierra el proceso judicial derivado del derribo del antiguo edificio de Muebles Alonso en la calle Progreso de Sanxenxo. El Concello ejecutó la demolición en el año 2020 ante su estado de abandono y la inacción de los propietarios ya ahora recuperará el dinero 

El juzgado obliga a los propietarios a pagar al Concello los gastos del derribo, que ascienden a 50.309 euros.

La sentencia rechaza los dos recursos de reposición presentados contra las liquidaciones giradas por el Concello a la comunidad hereditaria del inmueble. El fallo, de todas formas, no es firme y los propietarios pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). 

El edificio fue declarado en estado de ruina en 2018 y se concedió un plazo de 3 meses a los propietarios para ejecutar la demolición. Ante la falta de cumplimiento, el Concello decidió acudir a la ejecución subsidiaria de derribo y luego cobrar los gastos ocasionados a los dueños del inmueble. 

La magistrada recoge en la sentencia que todo indica que "se intenta evitar a toda costa cualquier gasto asociados a la ejecución del derribo" y considera "poco sincera".la reclamación de la piedra retirada o la deducción de su importe en la liquidación final. 

EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

El Concello de Sanxenxo ha informado este lunes de que avanza en el proceso de caducidad de licencias de 8 de las 10 edificaciones a las que está previsto iniciar un expediente de reposición de la legalidad que en la mayoría de los casos culminará en un derribo. 

Se trata de esqueletos de cemento y hormigón que generan importantes casos de feísmo en el municipio y provocan graves problemas de salubridad y seguridad. 

Algunos de los propietarios de estas estructuras obtuvieron hace más de 30 años la licencia de obra, permiso que tiene una vigencia de tres años, pero nunca llegaron a rematarla