El Partido Socialista ha criticado la lentitud del Ministerio de Justicia en la tramitación del indulto para las dos trabajadoras Ana González Outerelo y Tamara Vidal García, profesoras de gimnasia de la empresa Serviocio en la ciudad de Pontevedra y condenadas a tres años de cárcel por participar en una protesta para la mejora del convenio colectivo de su sector durante la jornada de huelga en febrero de 2010.
El Ministerio todavía no ha completado la resolución de los expedientes, pese a contar con los informes favorables perceptivos del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal desde el 17 de julio de 2014, así como el relativo a la ausencia de antecedentes penales y el de conducta.
La senadora Ángeles Marra ha exigido este miércoles a la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés, en la Comisión de Justicia del Senado que el Ejecutivo del PP dé una respuesta urgente para acabar con la incertidumbre en la que están sumidas estas dos trabajadoras.
La parlamentaria del PSOE explicó que, ante la imposibilidad de presentar más recursos, las dos trabajadoras han solicitado el indulto ante el Ministerio de Justicia, avalada con la recogida de casi 100.000 firmas de apoyo en las redes sociales, con movilizaciones de la sociedad de Pontevedra y el apoyo de diferentes fuerzas sindicales, así como de la propia corporación de Pontevedra y el Parlamento de la Xunta de Galicia que, de forma unánime, a través de una declaración institucional, han manifestado su rechazo a esta condena.
A continuación, puntualizó que "también la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Pontevedra solicitaron el indulto parcial, con sendos informes en los que se posicionan a favor de la concesión de la medida de gracia para Ana y Tamara. En dichos informes se señala que no hubo gravedad en la comisión de los hechos, que no se apreció indicios de peligrosidad, que los daños causados fueron mínimos y que fueron indemnizados y que ambas profesoras carecían de antecedentes penales".