El Colectivo Feminista de Pontevedra se suma a la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià en la denuncia realizada la pasada semana por la "violencia institucional" que ven en el caso de una madre que se enfrenta en el Juzgado de Cambados a la pérdida de la patria potestad de sus hijos de siete y diez años después de que el juez ya le diese la custodia al padre tras varias denuncias contra ella por incumplir las visitas y por un supuesto síndrome de alienación parental (SAP).
Así, la asociación pontevedresa se suma al comunicado de esta entidad valenciana difundido la pasada semana, en el que explica que el miércoles de la semana pasada se celebró en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cambados un juicio para la retirada temporal de la patria potestad y la suspensión del régimen de visitas y que es "el último capítulo, por ahora, de un largo proceso de violencia institucional del que son víctimas la madre y sus criaturas".
Además, el Colectivo Feminista de Pontevedra suscribe una queja oficial a la que se han adherido más de 75 colectivos feministas de toda España, así como mujeres a título personal, por esa "violencia institucional" de la que son víctimas esta mujer y sus hijos de 7 y 10 años.
"Persistiremos en nuestras denuncias para visibilizar y nombrar la violencia institucional y patriarcal hasta que todas las criaturas sean respetadas y escuchadas por el sistema judicial y para que dejen de vitimizar a las madres utilizando los argumentos del SAP", sostiene este escrito.
Estos 75 colectivos exigen que los menores vuelvan a convivir con la madre e instan a la Fiscalía a que inicie de oficio el procedimiento oportuno para "defender el verdadero interés superior de la hija y del hijo", que el escrito insiste en que "no es otro que el de preservar su integridad física y moral, respetar su voluntad libremente expresada de convivir con la madre y favorecer su bienestar físico y su normal desarrollo psíquico y emocional en un entorno seguro y libre de violencias".
Estas asociaciones sostienen que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cambados y la Audiencia de Pontevedra dictaron resoluciones que "están influenciadas por el imperio del patriarcado, que es quien impone las directrices normativas, basadas en el orden social que mantiene los valores masculinos en una posición de poder y privilegios, creándose estructuras jerárquicas en las que la desigualdad del poder responde al dominio de los hombres".
Critican que sus resoluciones se apoyan en un informe del Imelga que utiliza los argumentos del SAP para "hacer prevalecer una visión sobrevalorada de la figura paterna", interpretando que el interés superior de las criaturas es tener contacto fluido con el padre. Critican, además, que "no fueron oídos ni el hijo ni la hija", ignorando el art. 92 del Código Civil, modificado por la L. O. 8/2021, de 4 de junio , de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia y que prohíbe expresamente la aplicación del SAP.
Añaden que tampoco se tuvo en cuenta a denuncia que la madre presentó contra el padre por violencia de género, actualmente en trámite, ni la que presentó por violencia contra el hijo y la hija, estas últimas archivadas.
Estas queja insiste en que las sentencias dictadas en este asunto "infringen", entre otras disposiciones legales, el Convenio de Estambul, que obliga a la administración pública a actuar desde un enfoque de género y la Ley Orgánica 8/2021, en los artículos mencionados y en otros.