Un grupo de 50 funcionarios de los Xulgados de A Parda realizaron una marcha de protesta ante lo que denominan la "demolición da Administración da Xustiza". Estos trabajadores públicos consideran que el incremento de las tasas judiciales promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, así como la privatización del registro civil y la intención de establecer un partido judicial único en Pontevedra.
Pablo Valeiras de Comisiones Obreras incidía en los problemas que supondría que el registro civil pasar a manos privadas: "vai conlevar poñer en mans dos privilexiados un servizo público de eficiencia recoñecida. E os cidadáns terán que pagar por defunción, fe de vida... e os rexistradores van cobrar a través de aranceis e iso significará que a xustiza será máis cara".
Otros sindicalistas como Manuel Valle de CSIF y Quique Estag del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia también coincidían en señalar que el ciudadano de a pie es el gran perjudicado por las medidas que intenta establecer Gallardón: "agora as persoas van ter que valorar se lle sae rentable pelexar por un dereito".
En el mismo sentido se expresan en relación con la posibilidad de que Pontevedra se convierta en un partido judicial único: "Os cidadáns de Vigo, Tui, O Porriño... terían que vir aquí ou pagar a un procurador" y añaden su preocupación por el gasto que supondría "que facemos cos edificios xudiciais? que facemos cos 400 traballadores de Xustiza en Vigo? na provincia traballan 1.100 funcionarios nos xulgados, onde os metemos?"
Además, al grito de "Gallardón, dimisión", los funcionarios denuncian las retribuciones y derechos laborales que han perdido en los últimos meses "pagas extra, recortes do 5%, descontos por baixas, amortización de prazas..."
Ante esta situación se concentrarán los días 19 y 26 de junio en los Juzgados de A Parda de 11:30 a 12:30. Estas protestas se retomarán en septiembre para convocar, si no hay un cambio de postura por parte del ministro, una huelga indefinida a partir del 5 de noviembre.