El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha criticado duramente la gestión de la Xunta de Galicia en relación con el proyecto de dragado del fondo de la Ría de Pontevedra y del Río Lérez, acusando al Ejecutivo autonómico de "mezclar política partidista con tramitación puramente técnica" en un expediente que, según recuerda, acumula "década y media de retrasos".
Las declaraciones de Losada se producen tras la última comparecencia pública de la Consellería do Mar, en la que la Xunta defendió el estado de tramitación del proyecto y denunció supuestos obstáculos por parte del Gobierno central.
Según expuso el subdelegado, la Xunta habría presentado inicialmente una inversión de 3 millones de euros vinculada al dragado, cifra que posteriormente habría sido revisada al alza hasta los 12 millones de euros. Además, Losada sostiene que las obras no podrían iniciarse antes de 2027 "en el mejor de los escenarios", lo que, a su juicio, evidencia la complejidad y el retraso del proyecto.
El representante del Gobierno central también criticó que se anunciara inicialmente la disponibilidad de un proyecto técnico que, posteriormente, no estaría redactado en su totalidad y debería someterse a una evaluación ambiental ordinaria.
En el centro del conflicto se sitúa el informe emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que, según Losada, es un dictamen preceptivo y vinculante en el procedimiento.
Este informe se enmarca en las competencias ambientales del Estado y tiene como objetivo garantizar la protección de un ecosistema que se considera especialmente sensible.
El subdelegado subrayó que el documento es "puramente técnico" y de obligado cumplimiento para el órgano promotor del proyecto, en este caso Portos de Galicia, dependiente de la administración autonómica.
Uno de los puntos más relevantes del informe ministerial, según la versión ofrecida por Losada, es la advertencia sobre inconsistencias en los análisis de los sedimentos previstos para su dragado.
"La última pirueta de la Xunta fue decirnos que los análisis de las muestras del material a dragar eran óptimos, cuestión en la que no dijeron la verdad, o al menos toda la verdad", ha manifestado Losada.
La Xunta habría aportado resultados de campañas de muestreo realizadas en 2016, 2020 y 2024. Sin embargo, el Ministerio detectó discrepancias entre esas series analíticas y la documentación remitida, especialmente en lo relativo a la presencia de determinados contaminantes.
Entre los parámetros señalados figuran niveles de mercurio y otros compuestos de origen industrial, como los tributilestaños (TBT), bifenilos policlorados (PCB) e hidrocarburos aromáticos (HAP).
Ante estas inconsistencias, el Ministerio habría solicitado una nueva caracterización completa del material a dragar, incluyendo una nueva campaña de muestreo y el análisis exhaustivo de todos los parámetros ambientales establecidos en la normativa vigente.
Losada insistió en que la posible presencia de mercurio, un metal pesado altamente contaminante, refuerza la necesidad de máxima cautela técnica.
Otro de los aspectos destacados del informe es la preocupación por el posible efecto del dragado en la estabilidad de la Playa de Lourido, situada en el entorno del área de actuación prevista.
El documento, según la interpretación del subdelegado, solicita la adopción de medidas adicionales para preservar el perfil del arenal y evitar posibles alteraciones morfológicas derivadas de las obras.
El informe del Ministerio recuerda igualmente que el proyecto debe ser compatible con la estrategia marina de la demarcación atlántica, un requisito normativo obligatorio dentro del marco de protección del medio marino.
Este aspecto se considera fundamental dentro del procedimiento, ya que condiciona la viabilidad ambiental del proyecto en su conjunto.
En sus declaraciones, Abel Losada acusó a la Xunta, y en particular a la Consellería do Mar, de trasladar el debate al terreno político mediante ruedas de prensa en lugar de centrarse en los aspectos técnicos del proyecto.
"Si es posible, menos declaraciones políticas y más trabajo técnico", concluyó el subdelegado, quien pidió a la administración autonómica que se concentre en el análisis de los aproximadamente 500.000 metros cúbicos de sedimentos previstos para su dragado y en el cumplimiento estricto de los requisitos ambientales.