El proyecto de rehabilitación que ha diseñado la Xunta de Galicia para el puente de A Barca supone incumplir la propia normativa autonómica de seguridad al incluir aceras de 1,5 metros de ancho cuando por norma deberían tener un mínimo de 1,8. Así lo asegura el vicepresidente de la Deputación Provincial y concejal pontevedrés, César Mosquera, muy crítico con el plan de la Consellería de Infraestruturas.
Mosquera realizó estas afirmaciones este jueves a preguntas de los medios de comunicación tras darse a conocer que la Xunta envió a los concellos de Pontevedra y Poio los planos del proyecto y una carta en la que les traslada que la única manera de poder ampliar las aceras en el puente es suprimir uno de los carriles de circulación y les insta a ponerse de acuerdo en la ordenación de tráfico que provocaría el sentido único.
El concejal pontevedrés anunció que el Concello de Pontevedra responderá a esa carta de la Xunta. Parte de la base de que el proyecto es de la Xunta y lo va a hacer igualmente, pero le responderán en el sentido de que, según anunció, "esiximos que se cumpra a normativa de seguridade". "Como pode ser que a Xunta non cumpra a normativa?", se pregunta.
Al respecto, explicó que el puente tiene carriles de cuatro metros y aceras de 1,5 cuando la normativa exige 1,8 como mínimo. Los concellos de Pontevedra y Poio piden que el nuevo puente reformado tenga aceras más anchas tanto para cumplir la ley como para mejorar la accesibilidad de la propia infraestructura, en la que en la actualidad, con ese tamaño, no pueden cruzarse ni dos carros de bebé ni dos sillas de ruedas.
La propuesta de Mosquera es que esas aceras podrían ampliarse haciendo carriles más estrechos, pues hay carriles de autopista con 3,5 metros y la propia Xunta de Galicia impulsó puentes como el de A Illa de Arousa, con un total de seis metros entre dos carriles. Además de mejorar la accesibilidad, cumpliría la normativa, pues Mosquera insiste en que "como exemplo non é bo" que la propia administración que aprueba la norma no la cumpla, pero sí exija que ciudadanos y empresas la apliquen.
"Aquí a ponte podería ter seis tranquilamente", responde Mosquera, que, además, valora que el argumento que dio la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, esta misma semana para no ampliar las aceras "é francamente peregrino". El argumento es que hay autobuses y camiones que causan daños en la cubierta que cubre la parte peatonal del puente.
En relación con las negociaciones entre Poio y Pontevedra para ponerse de acuerdo en la ordenación del tráfico en el puente, Mosquera aclara que ambos municipios "estamos en contacto", pero que esto supondría que asumiesen entre ambos municipios la titularidad del puente, que en la actualidad es de la Xunta, y "un vial a medias é un pouco farragoso". Además, llama la atención sobre el hecho de que "iso non é posible agora nin en meses, é unha cousa enfarragosísima, queda a futuro".
Mosquera también critica la falta de información de la Xunta a Poio y Pontevedra, sobre el proyecto, pues en julio el Concello de Pontevedra le pidió que planteasen un proyecto más ambicioso y le pidió, en concreto, que solucionasen los problemas con el agua y acera más anchas. Desde septiembre que les dieron el OK a que siguiesen con el proyecto y quedaron en que "estamos en contacto", no volvieron a saber nada de la Xunta ni de los técnicos ni del proyecto hasta que el mismo ya estaba licitado.
LA XUNTA VE "IRRESPONSABLE" LA ACTITUD DE MOSQUERA
Horas después de estas declaraciones, la Xunta de Galicia lamentó que el Concello de Pontevedra ponga en tela de juicio "la profesionalidad y el rigor" de los técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas que supervisaron y aprobaron el proyecto de reforma y acondicionamento del puente de A Barca.
La Consellería de Infraestruturas considera "irresponsable" la actuación de César Mosquera por difundir información "incorrecta" sobre una normativa de seguridad vial "que evidentemente desconoce".
En ese sentido, la Xunta aclara que las aceras del puente de A Barca tienen actualmente un ancho de 1,5 metros libres de obstáculos, cumpliendo la normativa autonómica vigente en materia de accesibilidad. Los 1,8 metros a los que se refiere el Concello "se aplica tan sólo a áreas urbanas desarrolladas a través de instrumentos de ordenación integral, que no es el caso".
El proyecto de reforma y acondicionamento del puente de A Barca no prevé la remodelación de las aceras porque, después de un análisis "exhaustivo y riguroso", los expertos concluyeron que "para hacerlo con plena seguridad resulta imprescindible limitar la circulación a un sentido y un único carril".
Es posible acometer esa limitación, "perfectamente compatible con la obra que se va a acometer" según la Xunta, pero Pontevedra y Poio deben trasladar a la Xunta su mutuo acuerdo sobre esa decisión. "Por lo tanto, los ayuntamientos tienen la capacidad de tomar la iniciativa para este mejora de la accesibilidad peatonal alcanzando un acuerdo entre ellos", señalan desde el gobierno gallego.
"Si el Concello de Pontevedra considera prioritario ampliar las aceras debe trabajar para buscar un acuerdo con el Concello de Poio para reordear el tráfico del puente en lugar de difundir afirmaciones sin solvencia técnica alguna sobre seguridad vial", concluye el comunicado de Infraestruturas.