Desde que a las 15.00 horas del viernes entraron en vigor las medidas que restringen la movilidad y las reuniones de personas en distintas zonas de Galicia, entre ellas el perímetro de Pontevedra, Poio y Marín, los controles policiales no han parado en vías de entrada y salida de estas localidades. En todas ellas han podido verse importantes despliegues de policías locales, nacionales y guardias civiles, que vigilan el cumplimiento de estas nuevas restricciones y también otras ya previas como el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas.
Pese a lo llamativo de las vigilancias, en ellas no se ha impuesto, hasta el momento, ninguna sanción. Los agentes encargados de realizar los controles han tirado más de pedagogía e información que de la libreta de multas.
Por poner un ejemplo, durante la primera jornada de aplicación de las normas, la Policía Nacional de Pontevedra realizó controles entre las 15.00 y las 23.00 horas, coincidiendo con la hora de aplicación de las restricciones de movilidad y el inicio del toque de queda. En cuatro controles de verificación controlaron un total de 38 vehículos e identificaron a 68 personas, pero no levantaron ningún acta de sanción.
Tanto estos agentes como las policías locales de Pontevedra, Poio y Marín y la Guardia Civil realizan indicaciones a los conductores y acompañantes sobre el decreto 178/2020 del 30 de octubre por el que queda prohibido salir y entrar de los ámbitos municipales que constituyen estos concellos limítrofes y tampoco están permitidas las reuniones de personas no convivientes tanto en el ámbito público como privado.
Estos controles se mantendrán durante todo el fin de semana y al menos hasta el martes, fecha en la que el comité clínico de expertos de la Xunta de Galicia constituido para la pandemia de la covid-19 revisará las restricciones.
La entrada o salida de los municipios cerrados perimetralmente puede saltarse únicamente en estas excepciones: en caso de asistencia a centros sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales o legales, asistencia a centros universitarios y educativos, retorno al lugar de residencia habitual o familiar, cuidado a mayores, menores, dependientes o discapacitados, desplazamientos a entidades financieras, de seguros o estaciones de servicio, actuaciones urgentes ante órganos públicos, judiciales o notariales, renovaciones de permisos y documentaciones, realización de exámenes, por causa de fuerza mayor o cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente acreditada.
La organización de reuniones entre personas que no viven bajo el mismo techo tan solo pueden producirse en el caso de encuentros que se produzcan por motivos de asistencia a mayores, menores, dependientes o por causa de fuerza mayor. Tampoco se aplicará esta limitación en actividades laborales, institucionales, empresariales, administrativas o en centros de formación.