La concejala del PP en Pontevedra, Pepa Pardo, denunció este jueves en rueda de prensa una nueva "falta de transparencia" del Gobierno municipal al negarle, asegura, el acceso al expediente sobre el protocolo de violencia laboral activado en el Concello.
Una oficial de la Policía Local de Pontevedra ha denunciado por presunto acoso laboral al jefe del cuerpo, José Manuel González Abal.
El Concello investiga el caso desde julio, cuando la agente activó el protocolo interno tras afirmar que, desde 2023, su superior la aisló, le retiró funciones y le quitó el despacho, coincidiendo con su reincorporación a la Jefatura.
La denunciante expuso públicamente su situación en el último pleno municipal, donde mostró una pancarta contra Abal y contra el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, a quien acusó de ser "presunto consentidor". La funcionaria sostiene que el conflicto se originó por un intento de anular el horario de conciliación familiar que tenía aprobado desde 2018.
Los grupos municipales PP y PSOE solicitaron información y reclamaron transparencia. La teniente de alcalde y edil de Persoal, Eva Villaverde, confirmó que el protocolo de acoso está abierto y que se resolverá "lo antes posible". Además de la denuncia interna, la oficial ha llevado al juzgado de lo contencioso-administrativo una demanda por vulneración de su derecho a la conciliación.
En la comparecencia de prensa de este jueves, la popular Pepa Pardo acusó al Ejecutivo que dirige Miguel Anxo Fernández Lores de actuar "de forma autoritaria" y de vulnerar los derechos de la oposición al impedir su labor de fiscalización porque no les dan acceso al expediente, les remiten "resúmenes inconexos" y piden continuamente nuevos informes para retrasar la entrega, según explicó la concejala. "Es una tomadura de pelo", afirmó.
La edil popular asegura que su grupo tuvo conocimiento del protocolo en octubre "fuera del Ayuntamiento", y no por la vía oficial. Tras solicitar formalmente el expediente, incluyendo información sobre posibles medidas cautelares, afirma haber recibido únicamente "un resumen que no ocupa ni un folio y que no explica nada relevante".
La concejala insistió en que la ley reconoce a todos los ediles, sean de gobierno u oposición, el derecho a acceder a la documentación municipal en igualdad de condiciones.
Recordó además que en 2023 una sentencia ya obligó al Concello a reconocerle ese derecho tras un caso similar. "Si la señora Villaverde puede ver el expediente, yo también", subrayó, en alusión a la edil de Persoal.
El caso volvió al foco público en el Pleno del 17 de noviembre, cuando la agente se levantó durante la lectura del manifiesto del 25-N con una pancarta contra el intendente Abal y contra el alcalde, al que acusaba de "presunto consentidor".
La concejala del PP aprovechó la comparecencia para reiterar que el Concello "maltrata a los trabajadores" por acción u omisión, y que muchos de ellos deben acudir a los tribunales para conseguir derechos tan básicos como la conciliación.
"Y después vemos a Lores y a sus concejales encabezando las manifestaciones del 1 de mayo, qué hipocresía", ironizó. Y les recomendó que "en vez de sostener tanta pancarta, que la verdad se les están cayendo absolutamente todas, mostrarsen su respeto a los derechos de los trabajadores con actos, no con palabras".
También acusó al Gobierno de Lores de "autoritarismo" al impedir comisiones aprobadas en Pleno, "silenciar micrófonos de la oposición" o no ejecutar acuerdos plenarios como la reapertura de Reina Victoria.
Pardo pidió, además, que el protocolo municipal de violencia laboral —en vigor desde 2017— se actualice para incluir, entre otras mejoras, la figura de un mediador independiente.
También exigió conocer la identidad de los representantes municipales que integran el comité asesor del procedimiento.
Pese a su dureza, la concejala aseguró que mantendrá "máximo respeto por la presunción de inocencia" y pidió un proceso imparcial y transparente.