Ponte Caldelas quiere resolver "con responsabilidad y sentido común" el enfrentamiento con Pontevedra por el agua. "No lo provocamos nosotros pero sí lo queremos solucionar", afirma el alcalde, Andrés Díaz. Y para eso ha presentado una propuesta formal para firmar un nuevo convenio.
Así, Díaz ofrece firmar de manera "inmediata" un acuerdo que fije las condiciones del suministro de agua a Ponte Caldelas por parte de Pontevedra. Eso sí, con ciertas condiciones.
El pacto que propone fijaría el precio del metro cúbico de agua en 0,22 euros, la cantidad que establece el estudio de Augas de Galicia para la futura mancomunidad de agua del Lérez y que, según el alcalde, "es superior a lo que pagan actualmente ayuntamientos como Poio o Sanxenxo".
Esto, sostiene Andrés Díaz, "evidencia la buena fe y la voluntad de diálogo" del gobierno municipal de Ponte Caldelas para alcanzar un acuerdo "justo" para ambas partes.
Además, Ponte Caldelas reclama la eliminación de la tasa de saneamiento, ya que asumen íntegramente ese servicio con el coste del bombeo, energía y mantenimiento que remata en la EDAR de Praceres y sobre el que ya recibe liquidaciones por parte de Augas de Galicia.
Si Pontevedra acepta esta propuesta, Díaz se compromete a pagar "mañana mismo" la deuda acumulada en los cuatro años sin convenio que regule el suministro de agua y que, calculada a esos 0,22 euros por metro cúbico, sería unos 137.000 euros.
"Queremos un convenio justo, como el que tienen otros ayuntamientos. Queremos pagar lo que es justo, ni un euro más. Y queremos garantizar el agua para nuestro vecindario, sin depender del capricho político de nadie", declaró el alcalde.
El regidor caldelano recuerda que Pontevedra tiene caducada su concesión para captar agua del río Lérez y que extrae puntualmente agua del embalse del Pontillón del Castro sin tener una concesión autorizada, por lo que "carece de legitimidad para exigir condiciones abusivas".
Sostiene que el abastecimiento de agua "no puede ser interrumpido de forma unilateral, ni siquiera por impago y mucho menos por un conflicto entre administraciones públicas"
Durante los cinco años de vigencia del anterior convenio, Ponte Caldelas pagó "religiosamente" cada factura, recordó Andrés Díaz, a pesar de que se les tratara "como una empresa más del polígono de O Campiño", lo que supuso un sobrecoste de unos 600.000 euros.
A pesar de eso, añade Díaz, Ponte Caldelas defiende una solución "dialogada, técnica, legal y justa", pero advierte que no aceptará "chantajes ni imposiciones".
A este respecto, el alcalde avanzó que ha solicitado formalmente la mediación de Augas de Galicia y de la Xunta de Galicia para que actúen como garantes de este servicio público esencial.