Seis años después, Pontevedra está a punto de aprobar una nueva ordenanza de gestión, recaudación e inspección fiscal. Con ella, el gobierno municipal pretende “dar máis garantías ao administrado”, según explicó el concejal de Hacienda, Raimundo González, y al mismo tiempo combatir el fraude fiscal en el municipio, un asunto “central” para el Concello de Pontevedra en este mandato.
En ella, se recogen todas las cuestiones relativas a la regulación de los expedientes tributarios y los derechos y deberes de los ciudadanos sobre todo tipo de tasas e impuestos municipales.
En materia de recaudación, por ejemplo, se regula por primera vez la posibilidad de aplazar y fraccionar el pago de la deuda que los ciudadanos tengan con la administración local, se mantiene la posibilidad de pagar el IBI en dos plazos (20 de junio y 1 de octubre) y se acuerda que no se exija aval alguno para aquellas personas que deban menos de 6.000 euros a las arcas municipales -hasta ahora el máximo era de 1.500 euros-.
Esta ordenanza, que será aprobada el próximo lunes en el Pleno municipal, fue apoyada por los votos de BNG, Ciudadanos y Partido Popular en la comisión de Economía y Hacienda de este miércoles. PSdeG-PSOE y Marea se abstuvieron.
En este sentido, el edil popular Rafael Domínguez entiende que esta ordenanza garantiza una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos; mientras que el portavoz del PSdeG-PSOE, Agustín Fernández, la criticó al entender que está “mal planteada” y está más enfocada a resolver problemas que se generan en la administración que a “recoñecer dereitos” de los ciudadanos.
VÍA LIBRE A LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO
En esta comisión de Economía, se dictaminó favorablemente a las dos modificaciones de crédito propuestas por el gobierno municipal, 251.000 euros para el Instituto Municipal de Deportes y 2 millones de euros para obras de movilidad y accesibilidad en vías del rural.