El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el consenso con el que este martes se firmó en Pontevedra el II Pacto de vivienda de Galicia, con el que el gobierno autonómico prevé movilizar cerca de 2.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para reforzar las políticas públicas en este ámbito.
"Despois de moita análise, despois de moito diálogo, planificación, execución e colaboración, chegouse a este consenso que acabamos de asinar e a partir de agora o que toca é cumprir", dijo.
El objetivo es alcanzar las 10.000 viviendas públicas en el año 2030, tras sumar 2.000 nuevos inmuebles a los 8.000 que se espera conformen el parque público residencial en 2028.
Durante el acto, celebrado en el Hotel Galicia Palace, Rueda subrayó el efecto tractor que tendrá esta inversión pública, que permitirá movilizar alrededor de 5.000 millones de euros adicionales por parte de empresas y particulares, además de generar o mantener en torno a 60.000 puestos de trabajo en el sector.
La financiación del pacto recaerá mayoritariamente en fondos propios de la comunidad autónoma, que aportará 1.630 millones de euros, el 82,67% del total. A esta cifra se suman 241 millones procedentes del Estado y otros 100 millones de fondos europeos.
Según el presidente de la Xunta, el nuevo acuerdo es un ejemplo de una política de vivienda basada en el consenso y la participación de los agentes implicados, con el objetivo de garantizar la eficacia y el impacto real de las medidas previstas.
Rueda destacó la importancia de "pasar da teoría á práctica" y subrayó que este plan debe cumplirse"con independencia de calquera proceso electoral e de quen goberne", reforzando la idea de que se trata de un compromiso compartido entre administraciones de distintos colores políticos.
"Hoxe puxemos negro sobre branco, e agora hai que cumprir", dijo el titular del ejecutivo durante el acto celebrado en Pontevedra, ciudad que, según él, ejemplifica "a colaboración por cousas que de verdade son importantes".
El mandatario agradeció la participación de los concelleiros presentes y la llamada del alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, quien se disculpó por no poder asistir.
Rueda insistió en la necesidad de actuar "con intelixencia porque os recursos non son ilimitados" y explicó que se explorarán "novas fórmulas de vivenda e axilización de trámites para favorecer a construción, tamén no sector privado".
El plan firmado implica, según el presidente, que la Xunta asumirá la responsabilidad directa de entregar 1.000 viviendas públicas para 2030, dentro de un marco de colaboración que prioriza la eficiencia y la correcta distribución entre quienes más lo necesitan.
Rueda subrayó que cada euro invertido será "bien aproveitado" y destacó la relevancia de coordinar con los planes estatales siempre que las condiciones sean viables.
"Galicia calidade tamén é isto, facer vivenda, facela en prazo, facela ben e depués distribuíla ben entre os que máis as necesitan que é tamén entre os que máis as merecen, porque co seu esforzo achegan, cos seus impostos, os cartos para que isto sexa posible", dijo Rueda.
El acto se cerró con un llamamiento al trabajo conjunto y a la ejecución del acuerdo. "O que toca agora é porse a traballar. Galicia en materia de vivenda quere aproveitar todo o que se poida ofrecer en condicións realizables. Isto non vai de cores políticas; se sae ben, todo o mundo poderá dicir que tivo participación neste éxito", concluyó.
En la misma línea, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, destacó que Galicia cuenta con "unha folla de ruta clara" que pasa por construir nuevas viviendas, rehabilitar el parque existente y desarrollar suelo residencial para responder a la demanda.
El II Pacto de vivienda de Galicia se fraguó con "compromiso, traballo e ilusión" en el seno del Observatorio de la Vivienda de Galicia, un órgano en el que están representados todos los colectivos vinculados al sector, desde la FEGAMP y las organizaciones de promotores y constructores hasta colegios profesionales, cooperativas, asociaciones de consumidores y la propia Xunta.
El Pacto de Vivienda de la Xunta se articula en cuatro líneas que se resumen en facilitar el acceso a la vivienda, impulsar la rehabilitación urbana, gestionar suelo residencial y aplicar medidas transversales como innovación y agilización administrativa. Incluye acciones específicas para jóvenes y refuerza la vivienda pública como eje de la política social y económica.