Nueve de cada diez contribuyentes, según los cálculos del gobierno municipal, pagarán menos a partir de ahora con los nuevos criterios para la aplicación del impuesto de las plusvalías.
Pontevedra ya aprobó la modificación de la ordenanza fiscal de la plusvalía, un trámite obligado pues el Gobierno haya dado a los ayuntamientos seis meses para adaptarse a los nuevos criterios, marcados por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.
En base a estas modificaciones, el edil de Facenda, Raimundo González, la media de los recibos que emite el Concello se rebajará en un 25%, aunque habrá ciudadanos que puedan pagar incluso un 75% menos de lo que tenían que liquidar con los anteriores criterios.
Habrá algún caso, eso sí, que pagará más. El nuevo impuesto de plusvalía penalizará aquellas ventas de suelo urbano que se tengan hecho, como máximo, hasta cuatro años después de la compra "fundamentalmente para penalizar a compra especulativa", aclaró el concejal. En estos casos, podrán abonar hasta un 50% más.
El Gobierno central lo que hizo, según González, es fijar nuevos coeficientes para calcular estas liquidaciones, que tienen como base el valor catastral del inmueble. Ahora, además, se revisarán cada año en función de la situación económica del país.
El Concello, por su parte, mantendrá el tipo impositivo de los últimos años, que es de un 21%. Esta adaptación implica el descenso de más del 25% de los ingresos municipales, es decir, "son fondos que se manteñen no peto dos contribuíntes" sujetos a liquidar este impuesto.
Al respecto de la recaudación, en 2020 la plusvalía supuso para las arcas municipales 1,5 millones de euros, en 2021 fueron 1,8 millones y la estimación de 2022 es que sea de 1 millón de euros, una media de 500.000 euros menos que en años anteriores.
Esta modificación de la ordenanza tendrá que ser debatida en el próximo pleno de 26 de mayo y después de treinta días de exposición pública podrá ser aprobada si no hay alegaciones.