El portavoz municipal del Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez, volvió a poner este jueves el foco en la falta de vivienda asequible en la ciudad, un problema que afecta de manera especialmente intensa a los más jóvenes, asegura.
El edil presentó un nuevo paquete de propuestas con las que su grupo pretende impulsar alternativas "realistas" desde el Concello para aliviar la tensión del mercado inmobiliario.
El PP rechaza de plano cualquier fórmula de intervención pública en los precios de venta o alquiler. "No creemos que sea posible, ni legal ni ético, que las instituciones controlen el precio de nada. La intervención está fuera de lugar", remarcó el portavoz.
En esta línea, el Partido Popular se mostró contrario a medidas como declarar zonas tensionadas, gravar las segundas residencias, prohibir los alquileres turísticos, crear registros de propietarios o fijar topes al alquiler. Su receta pasa, insistió Domínguez, por "incrementar la oferta, incrementar el suelo y agilizar los trámites".
Las propuestas del grupo popular surgieron tras varias reuniones "fructíferas" con representantes de los Colegios Oficiales de Arquitectos, de Aparejadores y de Ingenieros. El objetivo, afirma el PP, es tener un plan de acción listo "para cuando lleguemos a la Alcaldía".
Entre las medidas ya adelantadas por los populares figuran acelerar la concesión de licencias municipales apoyándose en las Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM), reducir un 10% el IBI, actualizar el PXOM de 1989 y el Peprica de 2003.
También denuncian que Pontevedra está "a la cola" de las ciudades gallegas en concesión de licencias, un problema "crónico" que, a su juicio, evidencia la necesidad de reforzar el área de Urbanismo.
Domínguez aprovechó para criticar que el catálogo de bienes patrimoniales anunciado por el BNG en 2023 siga sin ver la luz. "Vamos a pedirlo por registro. Es una vergüenza para los profesionales que todavía no esté", sostuvo.
Los colegios profesionales trasladaron además otras propuestas como dotar de mayor transparencia en la tramitación de expedientes, de forma que cualquier técnico pueda consultar el estado de sus gestiones online.
También proponen la creación de mesas de trabajo entre administración, profesionales y ciudadanos, y la publicación de una instrucción interpretativa con los criterios técnicos para la concesión de licencias. También plantean impulsar proyectos "más abiertos y participativos" y habilitar nuevo suelo industrial.
Domínguez reprochó al ejecutivo local de Miguel Anxo Fernández Lores lo que considera una "dejación de funciones", al limitarse, según denuncia, a ceder suelo a la Xunta para la construcción de vivienda social.
Por su parte, el alcalde de Pontevedra explicó que el Concello tiene en fase de contratación -a la espera de un informe de Intervención- la elaboración de un estudio que permitirá diagnosticar la situación actual de la vivienda en el municipio y definir las líneas de actuación a futuro.
Según indicó, el gobierno local se inclina por solicitar a la Xunta la declaración de una o varias zonas tensionadas, una figura contemplada en la nueva Ley de Vivienda que permitiría limitar los precios en áreas con alta presión residencial.
Lores criticó la falta de iniciativa del Partido Popular, al que acusó de haber pasado "quince anos sen facer nada de vivenda pública na cidade". Frente a ello, reivindicó que el Concello puso suelo a disposición y tramitó"con toda a axilidade do mundo" el proyecto de interés autonómico (PIA) promovido por la Xunta para desarrollar terrenos destinados principalmente a vivienda.
El regidor también afeó la postura del portavoz del PP pontevedrés, Rafa Domínguez, al considerar que"está a emendar a plana á conselleira".
Recordó que la responsable de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, señaló en varias ocasiones al Concello de Pontevedra como "exemplo de colaboración" y destacó que en la ciudad "foi onde empezou a despregar esa política de vivenda a nivel de toda Galicia".