El portavoz municipal del Partido Popular, Rafa Domínguez, ha cargado contra el Gobierno central tras las manifestaciones del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, en las que apuntaba a la complejidad del expediente del dragado del río Lérez y a la necesidad de nuevas evaluaciones técnicas y ambientales.
Uno de los puntos más delicados señalados por el informe del Ministerio para la Transición Ecológica es la posible presencia de contaminantes en los sedimentos a dragar.
Según explicó el subdelegado, se habrían detectado discrepancias en los análisis presentados por la Xunta, con presencia de sustancias como mercurio, bifenilos policlorados (PCB), hidrocarburos aromáticos o tributilestaño (TBT), lo que ha llevado a exigir nuevos estudios y una caracterización más detallada del material.
Para Domínguez, estas advertencias suponen en la práctica un intento de "entorpecer, retrasar y encarecer" una obra que considera fundamental para el futuro económico de la ría.
El dirigente popular sostiene que el proyecto ha sufrido ya un bloqueo prolongado, al recordar que permaneció sin avances entre 2021 y 2025 a la espera de autorizaciones del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el punto de depósito de los materiales dragados.
En su opinión, el Ejecutivo central mantiene una posición contraria a la intervención, lo que estaría detrás de los nuevos requerimientos en fase de información pública.
"El Gobierno de Pedro Sánchez está absolutamente en contra del dragado, lo bloqueó durante cuatro años y ahora pretende hacer lo mismo con más demandas en el proceso de información pública", ha añadido.
Domínguez contrapone esta situación con la actuación de la Xunta de Galicia, que prevé ejecutar el dragado con una inversión cercana a los 11,9 millones de euros.
A su juicio, la administración autonómica ha mostrado "voluntad clara" frente a lo que califica de "estrategias de bloqueo" tanto por parte del Gobierno central como de otros actores políticos.
El portavoz popular también ha pedido implicación al resto de administraciones y ha incluido al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en su llamamiento a "dejar de poner obstáculos" y trabajar de forma coordinada para que las obras puedan comenzar cuanto antes.
Estas declaraciones llegan como respuesta directa a la intervención del subdelegado del Gobierno, que ha cuestionado la gestión del proyecto por parte de la Xunta y ha advertido de retrasos acumulados que podrían situar el inicio de las obras, en el mejor de los escenarios, a partir de 2027.
Losada ha subrayado que el expediente acumula años de tramitación y que el proceso ha pasado de una previsión inicial de inversión de 3 millones de euros a una cifra que ronda los 12 millones, lo que refleja, según su versión, la evolución y complejidad del proyecto.
También ha puesto el foco en la necesidad de una evaluación ambiental ordinaria, tras detectarse que parte de la documentación técnica no estaba completa en fases anteriores.
El informe también advierte de la necesidad de extremar la precaución por el posible impacto sobre espacios sensibles del entorno, como la playa de Lourido, y recuerda que el proyecto debe ajustarse a los objetivos de protección del medio marino establecidos en la normativa vigente.