El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, mostró este jueves su "preocupación" ante la anunciada privatización de los registros civiles. Lo hizo tras reunirse con una representación de los delegados sindicales de los juzgados pontevedreses, que han iniciado una campaña de protestas para mostrar su "profundo rechazo" a una medida que supondrá poner este servicio en manos de los registradores de la propiedad.
Fernández Lores, que anunció que el BNG trasladará al Pleno una moción de apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores, criticó que esta medida vaya a servir para "alonxar" la administración de justicia de los ciudadanos y que vaya a "beneficiar" a un sector privado frente a los intereses públicos. "E curiosamente, a un sector que ten moito que ver coa familia de Rajoy", apuntó el alcalde pontevedrés.
Ante esta situación tanto el regidor como los delegados sindicales esperan que la ciudadanía ofrezca una respuesta "contundente" que obligue el Gobierno a reconsiderar una decisión que, de prosperar, implicará que todos los ciudadanos pasen a pagar por servicios que hasta ahora tenían de forma gratuita, recordó el delegado de CIG, Xosé Barreiro, "e que funcionaba de forma máis que satisfactoria".
Barreiro explicó que la suya "non é unha reivindicación laboral ou salarial", sino que se oponen al "trasvase" de un servicio público a manos privadas "sen xustificación ningunha". Aseguró que es "mentira" que el trabajo de los registros civiles sea "insuficiente o ineficaz" y alertó del peligro que supone que datos personales tan sensibles como nacimientos, defunciones, bodas o divorcios pasen a estar gestionados por iniciativas privadas.
"Por que alguén vai a poder negociar co meu casamento ou con nacemento dos meus fillos sen o meu permiso", apuntó este delegado sindical, quien lamentó que el Gobierno permita que se haga negocio "coa personalidade de cada un de nós".
Los sindicatos insisten en que este cambio normativo es "inmoral" y permitirá al sector privado lograr grandes beneficios. Calculan que llegarán a gestionar unos 1.500 millones de euros, cinco veces más de lo que genera actualmente como servicio público.