Personal del centro tutelar de menores Avelino Montero se concentraba este martes 13 a las puertas del recinto como primera medida para denunciar la decisión de la Xunta de Galicia de no cubrir cuatro plazas de educadores que realizaban sus tareas en este espacio de régimen abierto destinado a tratamiento de menores por decisión judicial.
Ramón Vidal, secretario comarcal de UGT, afirmaba en la concentración que ahora la Consellería de Política Social e Xuventude está eliminando puestos fundamentales dentro de un equipo de 25 profesionales, doce de ellos educadores, que trabajan en el centro pontevedrés.
Temen que, una vez finalizadas las obras que se acometen en el centro, la Xunta traslade la gestión del servicio a una empresa privada. "A baixada de calidade asistencial será notoria", explica el responsable sindical señalando que, en la actualidad, si el centro tiene una capacidad media o baja, el personal puede ser desplazado para reforzar otros equipos fuera del propio recinto, algo que no sucedería en el caso de que la gestión fuera privada.
Señalan que la jefatura territorial no atiende la postura de los representantes laborales que insisten en que se precisa incluso más personal que el actual. Recuerdan, además, que el perfil profesional del educador es una figura "imprescindible" para acometer una correcta atención de los menores que terminan ingresando en este centro. "Está prestando o servizo persoal subalterno e non os educadores especializados", denuncia Dina Porral, del sindicato CIG.
Señalan que las solicitudes de ingresos se encuentran en aumento. "Foron baixando a ocupación coa escusa das obras e derivando a outros centros", indica Porral. A pesar de esa decisión, de las 14 plazas disponibles actualmente, en el centro permanecen seis usuarios pero este mismo martes se notificaba que otros cinco menores están pendientes de ingreso por orden judicial. Estos internamientos supondrían elevar la ocupación a un 80%.
"Esiximos á Xunta que cambie estes intereses espurios", afirma Vidal que observa la intención de la administración autonómica de "retirar un emprego digno" y pide al Partido Popular y a sus representantes en la provincia y en la ciudad que intervengan para que "esta desfeita non vaia adiante".
Este jueves 15, las organizaciones sindicales presentarán alegaciones ante la Consellería de Política Social sobre la relación de puestos de trabajo y el personal del centro espera que se atiendan sus reivindicaciones.