El anteproyecto de ley de la reforma integral del Registro Civil por el que el Gobierno central pretende privatizar el servicio ha generado crispación entre los trabajadores del ámbito de la Justicia. Pontevedra no se ha quedado atrás y este jueves ha realizado su primer acto de protesta contra una medida que supone "la privatización de competencias que hasta ahora teníamos de forma gratuíta todos los españoles".
Manuel Valle Alonso, del sindicato CSIF, habló en nombre de todos los sindicatos con representación en los juzgados pontevedreses, que se han constituido en plataforma única. Señaló que "todos estamos unidos" y que reclaman "que se mantenga el servicio público que tenemos hoy y que es de todos".
La protesta estaba convocada a las puertas de los juzgados de A Parda y reunión a entre 60 y 70 trabajadores, que contaron con el apoyo del juez decano de Pontevedra, Ignacio de Frías Conde, y con representantes de sindicatos como UGT, CIG, CSIF, USO o STAJ.
El fuerte viento que soplaba en la zona les llevó a refugiarse en los soportales del propio edificio judicial y, a continuación, a llevar la protesta al interior de los juzgados, justo delante del Registro Civil, que permaneció cerrado durante más de media hora.
Allí pidieron la implicación de los ciudadanos en sus reivindicaciones, pues aspiran a que "la ciudadanía sea consciente de que nos afecta a todos y de que no solo hablamos del Registro Civil, sabemos que va a haber más servicios como, por ejemplo, los trámites que haces cuando pides una hipoteca o contratas un seguro de vida".
Los sindicatos reprochan que los únicos trámites que seguirán siendo gratuitos si el anteproyecto de ley sigue adelante y el Registro Civil pasa a manos de los registradores de la propiedad son las partidas de nacimiento y defunción, pero "durante toda la vida de una persona tenemos 50.000 trámites por los que vamos a pagar".