Alrededor de un centenar de representantes del sindicato nacionalista CIG, procedentes de las comarcas de Vigo y Pontevedra, se concentraron este miércoles 8 de julio ante la Subdelegación do Goberno en Pontevedra para protestar contra la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y las actuaciones de control policial en actos reivindicativos.
La protesta, replicada simultáneamente ante las sedes gubernamentales de A Coruña, Lugo y Ourense, transcurrió con consignas que demandaban la derogación de la citada normativa y criticaban los expedientes sancionadores con gritos como "A protesta non é delincuencia", "Contra a represión, mobilización" o "Lei Mordaza, derrogación".
Alberto Gonçalves, secretario comarcal de la CIG de Vigo, ejerció de portavoz para lamentar la existencia de una estrategia de presión hacia las organizaciones que promueven la conflictividad laboral en beneficio de los trabajadores.
Según expuso el representante sindical, las intervenciones policiales con identificaciones y propuestas de sanción económica se extendieron de forma habitual en negociaciones colectivas recientes de la provincia, como las de los sectores del metal, el textil, el comercio o el calzado, así como en conflictos particulares en empresas como Mercadona y Amazon.
Las cuantías de las multas notificadas a trabajadores derivadas de estas denuncias son elevadas. Gonçalves calificó este procedimiento como una fórmula de desmovilización basada en el perjuicio económico directo: "Imaxina que vos chega unha multa de 600 euros cun salario de 1.200 ou 1.300 euros; fánche o mes. É unha forma de intimidar á xente para que non vaia ás protestas".
La central sindical también apuntó que estas medidas disciplinarias se aplican en movilizaciones de carácter social no estrictamente laborales.
En este caso, ponen como ejemplo las propuestas de sanción administrativas impuestas a personas que se manifestaron de forma pacífica contra las acciones militares en Palestina durante el paso de La Vuelta Ciclista a España por el municipio de Mos.
CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL
La CIG dirigió sus críticas hacia la gestión del ejecutivo de PSOE y Sumar por el incumplimiento del compromiso electoral de abolir la legislación de seguridad ciudadana aprobada en su día por el Partido Popular.
"Nós non podemos quedarnos así, porque se agora non se fai isto e non se derroga, cando veña un novo goberno de dereita e extrema dereita, que vai pasar? Que non soamente van deixar esta lei, senón que a vai acrecentar aínda máis", alertaba Alberto Gonçalves.
El sindicato sostiene que las directrices políticas actuales validan la intervención de la Policía Nacional y de la Garda Civil en acciones pacíficas, y acusó a las autoridades gubernamentales de falta de imparcialidad al concentrar las identificaciones de manera mayoritaria entre los representantes de la CIG en comparación con otras centrales que acuden a las mismas convocatorias.
La CIG vincula la persistencia de estas medidas a la protección de intereses de corporaciones económicas ante las demandas de mejoras sociolaborales: "hai uns intereses non só políticos, senón tamén económicos por calar a boca ao único sindicato, o sindicato maioritario neste país, que é quen se rebela e o que protesta".
La organización indicó que las jornadas de protesta de este miércoles constituyen el inicio de un calendario de movilizaciones con el que pretenden forzar la derogación definitiva del marco normativo actual, manteniendo la acción colectiva y el conflicto en la calle como elementos fundamentales para avanzar en la negociación de los convenios, según indicó Gonçalves.