La propuesta para cambiar la catalogación de una parcela en Punta Sinás, ha encendido todas las alarmas en la oposición en el Concello de Poio.
Tanto el PSOE como el BNG han mostrado su firme rechazo a lo que consideran una maniobra ilegal para permitir la construcción de dos chalés en una zona que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) recoge como protegida.
La concejala de Urbanismo, Rocío Cochón, explicó que se trata de una solicitud presentada por un particular, y que el Concello está tramitando el expediente como corresponde. Según Cochón, la protección actual del terreno se debe a un "error", ya que se basaba en la presencia de un monolito —que ya no existe— y unos eucaliptos sin valor ecológico.
Sin embargo, desde el BNG y el PSOE no comparten estos argumentos. Para el Bloque Nacionalista Galego, estamos ante un auténtico "pelotazo urbanístico", y recuerdan que el expediente incluye informes que desaconsejan la descatalogación. El PSOE, por su parte, advierte que la propuesta fue aprobada sin los informes técnicos y ambientales necesarios, y sin justificar el interés público, condiciones indispensables para este tipo de modificaciones urbanísticas.
El portavoz socialista, Gregorio Agís, fue tajante al afirmar que "el informe jurídico emitido es frontalmente desfavorable, lo que evidencia la falta de base legal de esta iniciativa que permitirá construir dos chalets en una zona protegida.".
Además, recordó que ya existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga al Concello a mantener la protección ambiental del terreno. "Estamos ante un precedente gravísimo y un agravio comparativo para el resto de los vecinos", concluyó.
Marga Caldas, portavoz del BNG, también alzó la voz para denunciar que "el alcalde Ángel Moldes está tramitando la desprotección de un bien catalogado para facilitar la construcción de viviendas en Punta Sinás".
Caldas asegura que "no hay ni un solo informe favorable" que avale esta decisión y advierte de que, si finalmente se aprueba, "se sentará un precedente muy peligroso que solo beneficia a las promotoras".
La concejala de Urbanismo, Rocío Cochón, subraya que el trámite aprobado inicialmente por el Pleno "consiste en trasladar a la Xunta la petición de un particular" para que dictaminen los órganos autonómicos, pero "ni se cambia la calificación del terreno ni está desprotegido, ni se permite construir vivienda alguna".
Cochón asegura que la calificación de la parcela es la misma que le otorgó lo PGOM aprobado en el año 2000 por el anterior gobierno que "permitió talar parte de esos eucaliptos".
Destaca que el trámite aprobado por el Pleno es el inicio de un procedimento "con garantías y avalado por los técnicos" y sostiene que "después de 28 años de irregularidades y tratos de favor, ahora lo que hay es un Urbanismo transparente de un gobierno que trata a todos los vecinos y vecinas por igual con información a disposición de todo el mundo".
La polémica está servida, y todo apunta a que este debate seguirá dando que hablar en Poio.