El secretario general del PSdeG-PSOE, David Regades, se reunió este lunes telemáticamente con alcaldes y portavoces socialistas de la provincia para analizar la ola de incendios de este verano, que en Pontevedra se saldó con siete grandes incendios de nivel 2, como fue el caso de Vilaboa, que obligaron a la Xunta a solicitar apoyo estatal.
En la reunión, que contó con la participación del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, se concluyó que nadie puede negar "el caos de descoordinación que evidenció la Xunta en el combate contra el fuego forestal" ni la ausencia de políticas de prevención durante todo el año.
Los representantes municipales denunciaron los criterios "caciquiles y partidistas" en el reparto de las motobombas forestales.
Según expusieron, muchos concellos con alcaldía socialista disponen solo de una motobomba con 45 años de antigüedad, mientras que las de A Lama, Moraña y A Estrada "están en el garaje" porque estos tres concellos del PP rechazaron a última hora crear un Grupo de Emergencias Supramunicipal.
"No puede ser que cada temporada estemos encomendados a la lluvia", afirmó Regades, quien lamentó que Galicia se sumase al "coro de comunidades autónomas gobernadas por el PP" que solicitan más medios de los disponibles en el mecanismo de solidaridad europeo.
Los alcaldes se quejaron del "galimatías" de transferencias de competencias impropias, especialmente por la imposición a los concellos de las notificaciones sobre la obligación de limpiar las franjas secundarias de 50 metros alrededor de los núcleos urbanos. Según relataron, envían miles de expedientes de incumplimiento "pero la Xunta no resuelve ninguno".
También criticaron que las autorizaciones de limpieza urgente en parcelas con afectaciones patrimoniales tarden hasta medio año en ser aprobadas por la Consellería.
El PSOE provincial apoyó la propuesta de Pedro Sánchez de un gran Pacto de Estado sobre el Cambio Climático, contrastando con la "parálisis normativa" de la Xunta. La Lei de Incendios de Galicia es de 2007 y el anteproyecto de una nueva ley está aparcado desde 2021.
Abel Losada explicó que la Xunta "optó por elevar la emergencia solo a nivel 2, sin llegar al nivel 3, para poder reclamar medios y mantener confrontación con el Gobierno de España".
El subdelegado rechazó que se pidan soldados, argumentando que "los incendios forestales los apagan los bomberos profesionales".
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