El ex presidente de la Deputación de Pontevedra y actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, y la ex alcaldesa de Moraña y actual delegada de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luisa Piñeiro, se sentarán el próximo viernes 20 de noviembre en el banquillo de los acusados, él por un delito de prevaricación y otro de fraude y ella como cooperadora necesaria de la prevaricación y fraude.
El caso llega finalmente a juicio tras años de investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra, en la que era una pieza separada de la denominada operación Patos, y sentará en el banquillo a 8 personas. Además de Louzán y Piñeiro, están acusados el responsable de la empresa Eiriña, Enrique Alonso Pais; su mano derecha, Jaime Alvariñas; el entonces director de infraestructuras de la Deputación, Manuel González Juanatey; dos empresarios de Pontevedra y O Salnés, D.G.F. y M.R.O; y, un arquitecto, D.A.L.O.
El juicio está señalado para este viernes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra por los delitos de prevaricación y fraude. Del primero solo está acusdo como autor Louzán, siendo cooperadores necesarios, según el fiscal, Piñeiro, González Juanatey, Alvariñas, Alonso Pais y dos acusados más. Del fraude están acusados los ocho.
El fiscal pide que Louzán, González Juanatey y Piñeiro sean condenados a tres años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con cualquier cargo en las administraciones públicas.
Para tres empresarios acusados piden tres años de prisión y cuatro de inhabilitción para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con entes, organismo o entidades que forman parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social. Para los dos acusados restantes pide dos años de prision y tres de inhabilitación en relación con las ayudas públicas y beneficios fiscales.
El escrito de acusación de la Fiscalía sitúa el inicio de este procedimiento judicial en un acuerdo de la Xunta de Goberno de la Deputación de Pontevedra del 16 de diciembre de 2011 en el que se aprobó un convenio de colaboración entre la Deputación y el Concello de Moraña para la instalación de hierba artificial en el campo de futbol 'El Buelo' y obras de edificación anexa.
La Deputación asumió la redacción del proyecto por 21.122 euros y la construcción por 999.561,23 euros, a través de una subvención discrecional del presidente de la Deputación, lo firmaron Louzán y la entonces alcaldesa de Moraña y se adjudicó la obra a Eiriña.
Dos años desués, el 6 de septiembre de 2013, la Xunta de Goberno provincial acordó la aprobación del proyecto modificado de la misma obra campo para ajustarse a las nuevas necesidades surgidas durante la ejecución, sin coste adicional sobre el presupuesto inicial, firmando el entonces director de infraestructuras de la Deputación, un representante de la empresa y la arquitecta del proyecto.
Según sostiene el fiscal, la empresa había realizado obras no contratadas y fuera del proyecto aprobado fundamentalmente a petición del Concello de Moraña y reclamó para que le fuesen abonadas, estimando que se le debía una cantidad próxima a los 86.000euros. La empresa presentó una certificación aumentando algunas partidas, pero, como se trataba de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, motivo por el que su petición no fue atendida.
Ya en el verano de 2013 era previsible que no se pudiese abonar ese incremento de obra realizado voluntariamente (es decir al margen del proyecto aprobado) por la empresa, por cuanto la funcionaria encargada de velar por la tramitación de las subvenciones a los ayuntamientos señalaba que era ilegal rebasar el importe de la subvención concedida. En ese momento, según el fiscal, "se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa Eiriña el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado".
Con el acuerdo del presidente de la Deputación, el director de infraestructuras, dos representantes de la empresa, la alcaldesa y un arquitecto, "se elabora y ejecuta el plan" que ahora llega a juicio. Así, la alcaldesa solicitó una nueva subvención a la Deputación para mejoras en vestuario y gradas acompañada de un proyecto técnico del arquitecto acusado en el que se hacía referencia a la ejecución de obras que, al menos parcialmente, ya habían sido realizadas..
Finalmente, la Deputación concedió al Concello 86.829,84 euros con cargo a la partida de libre disposición del presidente. Se acordó invitar a otras dos empresas a presentar ofertas para la obra si bien el fiscal sostiene que la invitación "era mera apariencia, sin propósito serio de valorar sus proposiciones". Sus responsables también están acusado porque se actuó "con el consentimiento de los administradores de las mismas" y solo con la finalidad de que en todo caso la obra fuese adjudicada a Eiriña.
REACCIÓN DE PIÑEIRO
La propia Luisa Piñeiro se refirió a este juicio este miércoles a preguntas de la prensa durante una visita a las dependencias de la Policía Autonómica en Pontevedra e indicó que afronta la cita judicial "con total tranquilidade e coa conciencia moi tranquila".
Explicó que ya hizo varias declaraciones ante el juez y que toda la información que tenía la aportó al juzgado, de modo que lo afronta con "serenidade" y "confiando na Xustiza" y que el procedimiento judicial saldrá "ben" de acuerdo a sus intereses, esto es, con su absolución.