La delegada del comité de empresa de la residencia de la tercera edad Soremay de Pontevedra que había sido despedida en 2022 por su actividad sindical fue admitida, según indica la Federación de Servizos de la CIG de Pontevedra.
La dirección del centro, según las mismas fuentes, reconoció la improcedencia de la rescisión del contrato y decidía readmitir a la trabajadora antes de que se celebrase el juicio que estaba previsto para el 24 de mayo.
La CIG evalúa positivamente la decisión al entender que el despido solo respondía a la intención de "perseguir o traballo sindical da nosa compañeira Sandra Iglesias".
Desde esta central mantuvieron desde el inicio del conflicto que la rescisión del contrato era un "claro caso de represión sindical" al entender que se trataba de una decisión "inxusta e arbitraria" y sin fundamento, agravada desde el cambio de dirección en la residencia señalando que la trabajadora sufrió "acoso e unha persecución enorme", acciones que relacionan con el trabajo sindical que realizaba la empleada.