Reconocen que la implantación de la factura electrónica "vai orixinar certos problemas" en Pontevedra

Pontevedra
26 de enero 2015

En todo caso, el concejal de Hacienda, Raimundo González, cree que no va a afectar de manera "grave" al periodo medio de pago. Es decir, descarta que los proveedores vayan a tardar más en cobrar al tener que proceder de esta manera. Eso sí, destaca que también pueden producirse disfunciones puntuales en el "engranaxe" de la propia administración municipal

Fachada del Concello de Pontevedra en la calle Michelena
Fachada del Concello de Pontevedra en la calle Michelena / Mónica Patxot

El gobierno municipal reconoce que la implantación de la factura electrónica "vai orixinar certos problemas". Desde el pasado 15 de enero, los proveedores del Concello de Pontevedra y sus organismos autonómos deben registrar sus facturas a través del programa FACE, diseñado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y su aparente complejidad ya ha provocado numerosas consultas.

En todo caso, el concejal de Hacienda, Raimundo González, cree que no va a afectar de manera "grave" al periodo medio de pago. Es decir, descarta que los proveedores vayan a tardar más en cobrar al tener que proceder de esta manera. Eso sí, destaca que también pueden producirse disfunciones puntuales en el "engranaxe" de la propia administración municipal.

Raimundo González desveló también los datos de pagos a proveedores en el último trimestre de 2014, entre octubre y diciembre. En estos tres meses, el Concello de Pontevedra pagó 12.274.338,08 euros en facturas y el periodo medio de pago subió hasta los 23,08 días. Esto se debe, explicó, a que probablemente se haya retrasado una certificación importante o algún expediente relativo a la última modificación de crédito.

Además, el Pazo da Cultura pagó 324.758 euros a una media de 16,40 días y el Instituto Municipal de Deportes (IMD) 164.208 euros, con una demora de 18,64 días.

Se trata en todo caso, señalan desde el gobierno municipal, de plazos inferiores a los que recoge la ley, que sitúan un máximo de treinta días.