La asociación 'Salvemos Pontevedra' quiere que no pase más tiempo sin que se cumpla la sentencia de la Audiencia Nacional, posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo, por la que se ordena el cese de la actividad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Os Praceres. Solicita la ejecución de la sentencia, puesto que ya es firme y no cabe recurso.
'Salvemos Pontevedra' insiste en que la Administración del Estado está obligada a hacer cumplir, de modo que entiende que la Dirección General de Costas debe incoar el expediente de caducidad en el plazo de dos meses, paralizando hasta entonces cualquier actuación que pudiese interferir en el mismo.
La sentencia del Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado y ENCE contra la sentencia previa de la Audiencia Nacional del año 2014 y condena al Estado a la "adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades" de la EDAR, así como a la "suspensión del uso y explotación de las instalaciones". Condena también a la administración a incoar el expediente de caducidad de la concesión de esta actividad a la empresa Ence.
Teniendo en cuenta que la EDAR y el emisario submarino de Placeres carecen de permiso para ocupar y realizar sus actividades industriales (clasificadas molestas, insalubres, nocivas y peligrosas) en dominio público marítimo-terrestre, de modo que la asociación emplaza a las Administraciones Públicas competentes (Concello de Pontevedra, Xunta de Galicia y Ministerio de Medio Ambiente) a que den cumplimiento a la sentencia y actúen en consecuencia, procediendo a reparar un despropósito medioambiental histórico Ría de Pontevedra.
La asociación pontevedresa considera que algún día la Administración del Estado "tendrá que explicar el por qué de su conducta permisiva y cómplice con los infractores" y también por qué ha presentado recursos de casación reiterados ante sentencias que condenan usos irregulares y nocivos del dominio público marítimo-terrestre y su recuperación para el uso y disfrute libre y tranquilo de los ciudadanos.