La comunidad educativa del CEIP San Clemente en Caldas de Reis continúa con su lucha. Un grupo de madres y padres se desplazará este miércoles 11 al Pazo do Hórreo para presenciar la intervención del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la sesión plenaria del Parlamento de Galicia.
El responsable de la Consellería deberá responder a una pregunta formulada por la diputada socialista Paloma Castro sobre la polémica supresión de la Unidad de Educación Infantil en el centro.
El aula, que contaba con el número suficiente de matrículas según los propios criterios de la Xunta, fue cerrada tras un error administrativo reconocido, pero no subsanado, explican los afectados.
Las familias consideran que la Xunta está intentando justificar la decisión con argumentos nuevos y ajenos a la realidad del centro.
El aula, que contaba con el número suficiente de matriculaciones según los propios criterios de la Xunta, fue cerrada tras un error administrativo reconocido, pero no enmendado, explican los afectados.
Las familias consideran que la Xunta está intentando justificar la decisión con argumentos nuevos y ajenos a la realidad del centro.
"Conselleiro, esto no es, como usted dice, ‘un tira e afrouxa’. Ustedes tiraron nuestra unidad pero nosotros no vamos a aflojar", afirman con contundencia las familias afectadas.
Su indignación aumentó tras las declaraciones hechas por Román Rodríguez en Vilagarcía, donde argumentó que "hay casi 40 plazas libres" en la etapa de Infantil en Caldas, por lo que "hay que racionalizar".
Las familias rebaten estas cifras, asegurando que las plazas disponibles en otros centros no son comparables a las del CEIP San Clemente, ya que muchos de ellos no cuentan con servicios de conciliación como comedor o plan madruga. "Hablemos de racionalización, pero hablemos de la racionalización aplicada a la vida diaria de las familias", denuncian.
La comunidad educativa recuerda que, en un encuentro celebrado el pasado 20 de mayo con el director xeral de Centros, Jesús Álvarez Bértolo, recibieron el compromiso de revisar la situación si se alcanzaba el número mínimo de matrículas. La respuesta oficial de la Consellería llegó solo a través de los medios de comunicación, sin diálogo directo ni nuevas reuniones, lamentan las familias.
"Queremos recuperar la que ya es nuestra, la que nos fue arrebatada por un error de la administración", insisten. Las familias reclaman que se reponga la situación anterior y temen que, en caso contrario, estén ante una estrategia política para desmantelar el centro.