El BNG de Poio denuncia la gestión que el gobierno local del Partido Popular, que lidera el alcalde Ángel Moldes, ejerce ante la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, Valoriza.
Marga Caldas, portavoz de la agrupación nacionalista, vinculó directamente la huelga indefinida que mantiene el personal del servicio desde esta semana con la ausencia de controles por parte del Concello sobre el cumplimiento de los pliegos de contratación.
El punto central de la protesta laboral radica en que los operarios no están percibiendo las retribuciones económicas fijadas en el convenio colectivo, una obligación que el contrato con el Concello exige respetar a la empresa adjudicataria.
Según el grupo nacionalista, el gobierno local no puede actuar de forma ajena al conflicto, ya que tiene la responsabilidad legal de vigilar que las condiciones laborales, las categorías profesionales y la antigüedad de los operarios se mantienen conforme a lo acordado en la concesión.
Ante esta situación, el BNG avanzó que solicitará formalmente en el Pleno la realización de una auditoría o un informe técnico independiente para evaluar de manera integral el grado de cumplimiento del contrato por parte de Valoriza.
Caldas recuerda que los pliegos contemplan el uso de herramientas específicas de fiscalización que incluyen inspecciones permanentes, la elaboración de informes mensuales sobre incidentes, el control del lavado de contedores y la supervisión de la logística general.
Además, los nacionalistas quieren saber si se activó la partida económica prevista para contratar una empresa independiente de control de calidad.
La solicitud plenaria exigirá también información detallada sobre las inspecciones realizadas hasta el momento, el volumen de informes emitidos, los incumplimientos detectados en el mantenimiento y renovación de medios técnicos, y las sanciones económicas que se le impusieron a la empresa concesionaria en lo que va de mandato.