Los trabajadores del servicio de recogida de residuos de Poio han convocado una huelga de 24 horas para los días 22, 23, 24 y 25 de junio ante la falta de avances en la negociación de su convenio colectivo, caducado desde finales de 2024.
La medida afecta a los quince empleados que integran la plantilla y ha sido respaldada mayoritariamente en una asamblea celebrada esta semana.
La convocatoria fue anunciada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), que denuncia la ausencia de respuesta tanto por parte de la empresa concesionaria del servicio, Valoriza, como del Concello de Poio.
El representante comarcal de la CIG, Javier Dapena, explicó que la decisión de iniciar el paro responde al estancamiento de las negociaciones y a la falta de interlocución con las partes implicadas.
Según indicó, los trabajadores consideran que la situación se ha prolongado durante meses sin que se haya presentado una propuesta que permita desbloquear el conflicto.
La plantilla está formada por nueve conductores, cinco peones y un administrativo.
Los representantes sindicales sostienen que el servicio opera con recursos limitados para atender la creciente generación de residuos en un municipio con una elevada afluencia turística durante los meses de verano.
A su juicio, los refuerzos estivales, que suelen consistir en la incorporación de dos o tres operarios, resultan insuficientes para cubrir la demanda.
El delegado de personal de Valoriza en Poio, Rubén Outeda, aseguró que la plantilla afronta la situación con preocupación.
"Estamos nerviosos e intranquilos porque non hai resposta por parte da empresa entón vémonos abocados a estar a folga", dijo. También señaló que los salarios actuales dificultan llegar a fin de mes para muchos trabajadores.
Según los datos aportados por la representación laboral, el salario base se sitúa en 961 euros mensuales para los peones y en 1.096 euros para los conductores, cantidades que se complementan con diversos pluses vinculados a la antigüedad, transporte o condiciones específicas del puesto.
Aun así, sostienen que las retribuciones no llegan a los 1.200 euros y continúan por debajo de las existentes en otros municipios del entorno.
El sindicato denuncia además una prolongada pérdida de poder adquisitivo. Entre 2014 y 2024, las nóminas experimentaron incrementos que apenas rondaron el 10% acumulado.
En el caso de los conductores, el salario pasó de 1.049 a 1.069 euros en una década, mientras que los peones vieron aumentada su retribución de 920 a 961 euros.
La única mejora significativa durante ese periodo se produjo en 2024, cuando se alcanzó un acuerdo para incrementar los salarios un 4,6%, lo que permitió desconvocar una huelga prevista entonces.
En marzo de este año, la representación de los trabajadores trasladó a la empresa una propuesta para actualizar los salarios de 2025 y 2026 conforme a la evolución del IPC. La medida supondría una subida estimada de entre 30 y 40 euros mensuales.
La CIG destaca que la iniciativa se limita exclusivamente a la mejora salarial y no incorpora nuevas reivindicaciones sociales o laborales, con el objetivo de abordar posteriormente una negociación más amplia de cara a 2027.
Por otra parte, el sindicato también apunta al Concello de Poio como actor implicado en el conflicto. La organización sospecha que podrían existir discrepancias relacionadas con la actualización económica del contrato de concesión, regulada por los mecanismos de revisión de precios aplicables a los servicios de gestión de residuos.
Según esta hipótesis, la empresa estaría percibiendo el canon fijo previsto en el contrato, pero no determinadas revisiones económicas, circunstancia que, según los representantes de los trabajadores, podría estar condicionando la capacidad de la concesionaria para asumir mejoras salariales.
"Se o Concello ten un problema coa empresa e non cumpre os pregos ou tal, iso que ou aclaren entre eles", manifestó Dapena, "aquí os afectados son os traballadores", recalcó.
Reacciones del Concello y del BNG
El anuncio de una huelga del personal de Valoriza para los días 22, 23, 24 y 25 de junio reavivó el debate político en Poio sobre la gestión del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, a las puertas de la celebración del San Xoán.
El gobierno local aseguró que su prioridad es defender los intereses de la vecindad y garantizar la prestación de un servicio esencial, al tiempo que apeló al diálogo entre la empresa y los trabajadores para resolver el conflicto.
El ejecutivo recuerda que "heredó" un contrato licitado por el anterior gobierno y sostiene que mantuvo una actitud de implicación continuada, destacando reuniones con el personal y con la concesionaria, así como mejoras en las condiciones económicas de los trabajadores y actuaciones para evitar despidos.
Por su parte, el BNG responsabiliza también al alcalde, Ángel Moldes, de la situación actual.
La portavoz nacionalista, Marga Caldas, acusa al Concello de mantener durante años una actitud permisiva frente a los supuestos incumplimientos de la empresa, tanto en el ámbito del servicio como en las condiciones laborales.
Según el Bloque, la falta de control y de medidas correctoras contribuyó a agravar un conflicto que ahora amenaza con afectar a la principal fiesta popular del municipio.
Los nacionalistas reclaman la convocatoria urgente de una reunión entre Concello, empresa y representantes de los trabajadores para desbloquear la situación.
Además, expresan su deseo de que la huelga no llegue a producirse y, en caso de que siga adelante, defienden el establecimiento de unos servicios mínimos que compatibilicen el derecho a la huelga con la celebración del San Xoán.