La entrada peatonal de la Comisaría Provincial de Pontevedra, ubicada provisionalmente en la calle Cruz Gallástegui debido a las obras en el edificio policial, albergó este martes una concentración convocada por la Confederación Española de Policía (CEP).
La movilización, ambientada con música rockera reivindicativa y una calavera, contó con el respaldo de las concejalas del Partido Popular local Silvia Junco, Beatriz Rey y la también senadora Pepa Pardo.
Los representantes sindicales expusieron las carencias materiales y humanas que afectan a la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia y criticaron la gestión del Ministerio del Interior.
El coordinador de la CEP en Galicia, Agustín Vigo, detalló que, de acuerdo con los datos oficiales de criminalidad del Ministerio del Interior, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria vinculados a la violencia callejera experimentaron un aumento del 192.85% en la ciudad de Pontevedra entre los años 2018 y 2025.
La estadística desglosada por el sindicato refleja una evolución que pasó de 14 hechos registrados en 2018 a 41 en el año 2025, habiendo alcanzado el máximo de la serie en 2024 con 46 casos.
Añadió, además, que "en el caso de Pontevedra, tenemos una agresión cada dos días a un policía nacional, aproximadamente".
La organización sindical expuso que la seguridad ciudadana se ve afectada por factores de índole municipal y estructural. Vigo criticó de forma expresa la instalación de elementos de mobiliario urbano por parte del Concello de Pontevedra.
"Es el único sitio de España que vemos donde el ayuntamiento coloca los bolardos también para obstaculizar la labor de la policía", manifestó el coordinador, argumentando que estos dispositivos impiden un acceso rápido ante las llamadas de intervención.
La CEP calificó las dependencias de la actual Comisaría Provincial como "inadecuadas" para las necesidades de una capital de provincia.
Aunque existe una previsión presupuestaria para la construcción de una nueva sede a un plazo de ocho años, la organización considera inviable mantener las actuales instalaciones por no cumplir las condiciones de habitabilidad y servicio que requiere la ciudadanía. "Es gastar dinero a lo tonto", apuntaba el representante sindical.
Otra de las demandas centrales de la movilización es la implantación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Pontevedra, un servicio que ya opera en el resto de las principales ciudades gallegas como Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo.
Según explicó el portavoz sindical, esta unidad multifuncional resulta imprescindible para la cobertura de grandes eventos y para el refuerzo de la seguridad ciudadana ordinaria, paliando la escasez de vehículos patrulla en la vía pública.
La CEP achaca la falta de dotación en las calles a que los policías nacionales deben asumir tareas administrativas debido a la disminución del personal de los cuerpos generales dentro de la comisaría.
Javier Martínez, portavoz de la CEP en Galicia, vincula el repunte delictivo al incremento de los puntos de venta de sustancias estupefacientes y contrapone la escasez de medios locales con la inversión destinada a las policías autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra.
Basándose en los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Martínez señala que la financiación para estos cuerpos autonómicos ascendió a 1.512 millones de euros entre 2019 y noviembre de 2024, mientras que las comisarías del Estado en Galicia sufren falta de recursos.
PROFESIÓN DE RIESGO
Por último, el sindicato censuró que el Gobierno central haya rechazado hasta en 71 ocasiones la declaración de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo, una condición que sí poseen otros colectivos laborales.
"Algo increíble, porque tenemos que un bombero es profesión de riesgo, y está bien, pero tenemos que un cantante es profesión de riesgo, y no nos parece mal. Tenemos que una azafata es profesión de riesgo, nos parece bien. Si todos ellos son profesión de riesgo y no tenemos nada que decir en contra, ¿cómo es posible que nosotros no lo seamos?", expuso Agustín Vigo.
Ante la falta de avances en las negociaciones con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien volvieron a solicitar la dimisión, la CEP ha trasladado el debate a las instituciones de la Unión Europea para impulsar una directiva comunitaria que regule tanto la protección jurídica de los agentes como la creación de la figura del eurodelito para los ataques a las fuerzas de seguridad.
"FANTASÍA DISTÓPICA"
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha expresado su profunda perplejidad ante el comunicado y las declaraciones realizadas por la Confederación Española de Policía (CEP).
Frente a estas acusaciones de un "incremento salvaje de la violence en las calles", Losada defendió firmemente la situación de la seguridad ciudadana y criticó con dureza la postura de la organización sindical.
"Me parece muy triste que un sindicato policial hable en estos términos de seguridad ciudadana, en una ciudad que es extraordinariamente segura", manifestó el subdelegado.
"Hay más policías que nunca", afirmó indicando que era gracias a las ofertas históricas de empleo público del Ejecutivo central, las cuales han venido a "revertir los sistemáticos recortes del Gobierno anterior".
Para rebatir los porcentajes presentados por la CEP, el representante gubernamental recurrió al balance oficial de criminalidad. Según detalló, Pontevedra cerró el año 2025 con un total de 2.353 delitos convencionales denunciados, lo que supone un descenso del 6% en comparación con los 2.515 registrados en 2019.
"Al contrario de lo que sucede en la mayor parte del mundo, aquí la delincuencia está en continuo descenso", aseveró Losada.
El subdelegado también desglosó los datos específicos relativos a los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, señalando que la ciudad del Lérez concluyó el pasado ejercicio con 41 denuncias, una cifra sensiblemente inferior a la de otras urbes gallegas como Vigo (94), Santiago (82), Lugo (53) o Ferrol (44), y muy alejada de las más de 140 registradas en Ourense y A Coruña.
Ante este escenario, Abel Losada hizo un llamamiento público a la responsabilidad en el debate sobre la seguridad vial y ciudadana: "Pediría, ante todo, un poco de rigor, un poco menos de fantasía distópica y un respeto para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Finalmente, el subdelegado concluyó recomendando "realismo a los sindicatos, porque es la única manera de defender los intereses de los trabajadores".
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