Trabajadores del sector judicial de Pontevedra y representantes de todos los sindicatos con representación entre el personal de los edificios judiciales de A Parda y la Audiencia Provincial se reunieron este martes en dos asambleas celebradas a lo largo de la mañana y acordaron iniciar una serie de movilizaciones a lo largo de los próximos meses que incluso pasarían por una posible huelga indefinida si no consiguen sus reivindicaciones.
La primera acción de protesta acordada será el próximo 16 de noviembre, con una concentración que se realizará tanto en Pontevedra como ante las sedes judiciales de las siete ciudades más grandes de Galicia. Ya los días 1 y 13 de diciembre tienen aprobada una huelga general en toda Galicia y, si estas medidas de presión no dan resultado, a finales de enero se estudiaría la huelga indefinida.
Esta protesta sindical es resultado de la unión de todos los sindicatos del sector, SPJ, USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC OO, y Pontevedra acordó unirse a ella tras una asamblea celebrada a las 9.15 horas en los juzgados de A Parda a la que acudió más de la mitad de la plantilla de ese edificio judicial y otra a las 13.00 horas en la Audiencia con decenas de participantes.
Las protestas las secundarán todos los profesionales excepto jueces y fiscales para reclamar que la administración autonómica acabe con la "discriminación" que aseguran que sufren con respecto a los funcionarios del sector en otras comunidades en cuestiones como el complemento autonómico transitorio.
También se ven discriminados con respecto a otros profesionales como fiscales, jueces y secretarios en relación con asuntos como, por ejemplo, los descuentos por incapacidad laboral o las sustituciones. Al respecto, explican a modo gráfico que, por ejemplo, a un fiscal, juez o secretario judicial que tienen una gripe no le descuentan parte de su salario y al resto de funcionarios de la Justicia sí.
Con estas acciones de protesta exigen a la Xunta una mejora en sus condiciones laborales y en sus retribuciones porque "somos los únicos de todo el territorio nacional que vimos recortadas nuestras nóminas durante cinco años, siendo saqueados desde 2013 a 2017 con la excusa de la crisis económica". Los sindicatos cifran estos recortes salariales hasta en 10.000 euros por persona. En el caso del complemento transitorio señalan que existe una diferencia con la zona media estatal de unos 200 euros. Su reclamación pasa por "al menos equiparar nuestros salarios con la media del resto de comunidades", apuntaron.
Además piden que la Dirección Xeral de Justicia fije con las organizaciones sindicales los órganos y las localidades donde se van a consolidar las plazas de refuerzo de más de tres años y se quejan de la eliminación de plazas, que calculan en 106 desde 2013 en Galicia, con el aumento de carga de trabajo que implica, secciones de las Audiencias "más que atascadas" y los problemas a la hora de ejecutar sentencias.