Un perito ve "coherentes" los patrimonios de la hija y la ex de Sito Miñanco y echa por tierra la acusación por blanqueo

Pontevedra
26 de noviembre 2018

El juicio por blanqueo de capitales que se sigue en la Audiencia contra el histórico narcotraficante de Cambados y parte de su familia ha terminado tendrá el próximo viernes 30 de noviembre una sesión final tras varias semanas de vista oral. Este lunes, fue el turno de dos peritos  

Sito Miñanco, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial
Sito Miñanco, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial / Mónica Patxot

El juicio por blanqueo de capitales que se sigue en la Audiencia de Pontevedra contra el histórico narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y parte de su familia ha terminado ya la práctica de todas las pruebas programadas y queda tan sólo pendiente de las conclusiones e informes finales de las partes. Esa sesión final será el próximo viernes 30 de noviembre, pero previamente este lunes ha habido una vista en la que se han sembrado dudas sobre las pruebas periciales usadas por la Fiscalía para sostener la acusación contra el capo de Cambados.

Uno de los peritos realizó un informe a petición de la defensa de la que primera esposa de Sito Miñanco, María Rosa Pouso Navaza, y concluyó que el patrimonio que tienen esta mujer y su hija, Rosa María Prado Pouso, también acusada en esta causa, es "coherente" con los ingresos legales y declarados que tiene. Este documento contradice las tesis de la Fiscalía, que considera que una parte de ese patrimonio procede de la actividad de narcotráfico de Miñanco.

Este especialista analizó los informes realizados por la Agencia Tributaria en los que se basa la Fiscalía para sostener su acusación de blanqueo de capitales y los cuestiona. Entre otras cuestiones, indica que en el apartado de conclusiones de uno de esos informes figura un comentario sobre un posible "desfase patrimonial" entre ingresos y patrimonio de la inmobiliaria de la familia de Miñanco en Cambados, San Saturnino. Sin embargo, él, tras analizar todas las cuentas, "no he sido capaz de identificarlo" (ese desfase).

En relación con Rosa María Prado Pouso, además, este perito sostiene que la Agencia Tributaria tiene "un error de percepción" a la hora de concluir que existe un desfase entre lo que ingresa, lo que gasta y el patrimonio que tiene porque no se tiene en cuenta que hasta el año 2005 la chica vivía con su madre y compartía gastos con ella y, a partir de ese momento, se casó y su marido también aportaba ingresos a la unidad familiar.

Además, se hace una valoración de los gastos medios diarios de la unidad familiar basados en los baremos para Madrid y no para alguien que vive en Galicia, con el coste diferente de la vida en esta comunidad. Basándose en sus circunstancias personales de que vivía primero con su madre y luego con un marido que también ganaba dinero y en los gastos medios de la vida de una mujer gallega, este perito concluye que sus ingresos y gastos son también coherentes.

Por la sala también pasó un perito de la empresa Balmesa, que trabaja como soporte técnico de Hacienda e hizo una valoración los bienes de los acusados. En el caso de este especialista, hizo la revisión del informe elaborado por otros compañeros y se ratificó en él, pero su testimonio apenas aportó datos en la sala porque no recordaba detalles del trabajo o valoraciones específicas, que sí figuran ya en el documento que ha sido entregado en la causa.

Al término del juicio, el abogado de de María Rosa Pouso Navaza, Alejandro Vega, concluyó que el escrito de acusación de la Fiscalía que ha llevado a su clienta a juicio "no me parece una acusación seria" mientras que el letrado de Sito Miñanco, Gonzalo Boye, considera que "no ha habido hasta el momento, y la prueba ya se acabó, nadie que dijese que haya detectado una inyección de dinero procedente de mi cliente"

En el banquillo se sientan Prado Bugallo, su hija (Rosa María Prado Pouso), su exesposa (María Rosa Pouso Navazas), su excuñada (Josefa Pouso Navazas), y un supuesto testaferro, José Alberto Aguín Magdalenas, persona de su máxima confianza. La Fiscalía les atribuye un delito de blanqueo de capitales que se habría cometido entre los años 1988 y 2007 por el que pide que sean condenados a una pena de seis años de prisión y 10 millones de euros de multa cada uno.

Estos son los hechos a juzgar

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